VEREDICTO DEl TRIBUNAL DE LA DEUDA EXTERNA, Río de Janeiro, abril 1999
Se reunió los días 26 al 28 de abril de 1999, en el Teatro Joao Cayetano en Río de Janeiro, Brasil, con la presencia y participación de mil doscientas personas de distintas partes de Brasil y distintos países del mundo.
Promovido por la CNBB - Conferencia Nacional de Obispos del Brasil y Cáritas, CONIC - Consejo Nacional de Iglesias Cristianas, CESE - Coordinadora Ecuménica de Servicios, CMP - Central de Movimientos Populares , MST - Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, y el IAB - Instituto de los Abogados Brasileños, con elapoyo del CORECON/RJ, SENGE/RJ, INDECON/RJ, IERJ, Koinonía y PACS, el Tribunal tuvo como objetivos juzgar el caso brasileño de la deuda externa y reforzar la Campaña del Jubileo 2000 a favor de la cancelación de la deuda de los países de baja renta y más endeudados.
Por ser el Brasil, igual que otros países de América Latina y el Caribe, uno de los dos países con economía de renta media y considerado emergente, y por ser uno de los países que tiene uno de los peores perfiles de distribución de renta del mundo, con un cuarto de su población -40 millones de personas- situadas bajo de la línea de pobreza, fue objetivo del Tribunal identificar la relación entre la deuda externa y esta situación de injusticia y miseria.
Además de identificar los factores que originan, constituyen y agigantan la deuda externa, así como sus responsables, el Tribunal apuntó a definir políticas alternativas y estrategias para superar, en forma sustentable, la crisis del endeudamiento externo y sus consecuencias sociales y ambientales.
Después de conocer el amplio y múltiple material documentado, oyendo exposiciones y testimonios de brasileños y de especialistas de otros países, en cuatro sesiones -sobre el sistema financiero internacional; sobre el endeudamiento brasileño; sobre casos ejemplares de endeudamiento de otros países; y sobre perspectivas de acción para enfrentar y superar la crisis del endeudamiento brasileño- el Tribunal Popular, constituido por representantes de diversos sectores de la sociedad brasileña, llegó al siguiente veredicto:
CONSIDERANDO:
Que según los estudios y datos presentados en el Tribunal, la deuda de los países más pobres y más endeudados ya fue pagada y, en la actual forma contable, es impagable;
Que la deuda brasileña, a partir de la última renegociación hace cinco años, aumentó de U$S 148 mil millones a fines de 1994 a U$S 235 mil millones en noviembre de 1998, y que en el período fueron pagados alrededor de U$S 126 mil millones a los acreedores externos, indicando una velocidad insustentable de endeudamiento, a tal punto que casi todos los nuevos contratos estarán destinados al servicio de la propia deuda, configurando un círculo vicioso de endeudamiento; Que la decisión unilateral de los EE.UU. a fin de los años '70 de aumentar la tasa de intereses del nivel histórico de 4 a 6 por ciento a más del 20 por ciento en pocos meses, significó una traición de la buena fe de los contratos y, además de haber forzado a los países deudores a tomar empréstitos para pagar los intereses, ocasionó un pago extra que ocasionó la pérdida de U$S 106 mil millones para América Latina;
Que el hecho de que los acreedores imponen a los deudores una tasa de riesgo para prevenirse de una posible incapacidad de pagar le da a estos el derecho de declararse insolventes sin cargo;
Que gobiernos identificados con grandes empresas y bancos endeudados con el exterior han realizado la estatización de la deuda externa privada, socializando costos y comprometiendo todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa;
Que empresas públicas estratégicas fueron utilizadas como instrumentos de sobre-endeudamiento, comprometiendo su salud financiera y capacidad de riesgo, sirviendo esto como pretexto para su posterior privatización;
Que existe un vínculo explícito entre la deuda externa, el excesivo endeudamiento público interno, y la búsqueda de capital externo de corto plazo, sometiendo al país a una política de altísimas tasas de interés;
Que el gobierno, por concebir el sistema financiero como un absoluto y con un fin, sacrificó la parte del presupuesto dedicada a gastos de políticas sociales y de dinamización de la economía interna para mantener al día el pago de las deudas financieras, teniendo como resultado el abandono de la salud, de la educación, de las políticas de empleo, de vivienda popular, de demarcación y garantía de las tierras indígenas y de sus condiciones de sobrevivencia en tanto son pueblos, de valorización de los ancianos y de los niños, de realización de la reforma agraria, de conservación y recuperación del medio ambiente;
Que las políticas económicas y de ajuste del FMI se han mostrado desastrosas para los países que se sometieron a ellas, y sirven para aumentar todavía más la deuda y los otros pasivos externos de esos países, constituyendo una moratoria sin fin de las deudas sociales y ambientales, de las cuales los acreedores son las criaturas, las mujeres y hombres trabajadores del campo y de la ciudad, los negros, los pueblos indígenas y la naturaleza;
Que los Estados Unidos manipulan la ONU, la OMC, el FMI, el Banco Mundial y la OTAN en función de sus estrategias de hegemonía y control de los pueblos de la tierra;
Que el endeudamiento público brasileño siempre favoreció a los intereses y privilegios de las elites dominantes;
Que este excesivo endeudamiento brasileño fue generado sobre todo en las últimas tres décadas, marcadas por los 21 años de dictadura, y por una transición hacia gobiernos civiles que completaron la subordinación cómplice de la política económica al capital financiero;
Que este endeudamiento fue constituido por gobiernos dictatoriales, y por lo tanto ilegítimos y antipopulares, y que los acreedores de esos gobiernos además de haber sido cómplices, tenían conciencia de los riesgos que implicaba esos empréstitos;
Que la expansión de la deuda está relacionada con las elites brasileñas que, en toda la historia y actualmente, han sido complacientes con las instituciones financieras del exterior, tanto privadas y oficiales como también multilaterales;
Que la deuda externa constituye una violación permanente sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecido por la ONU el 16.12.66, que exige el reconocimiento del derecho de cada nación a la autodeterminación, al desarrollo económico así como también a la libre disposición de sus riquezas y recursos naturales, y además que en ningún caso podrá un pueblo ser privados de sus propios medios de subsistencia;
LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE LA DEUDA EXTERNA DECIDEN, POR UNANIMIDAD:
La Deuda Externa brasileña, por haber sido constituida fuera de los marcos legales nacionales e internacionales, y sin consulta a la sociedad por haber favorecido casi exclusivamente las elites en detrimento de la mayoría de la población, y por herir la soberanía nacional, es injusta e insustentable ética, jurídica y políticamente.
En términos substantivos ella ya fue pagada y persiste solamente como un mecanismo de sumisión y esclavitud de la sociedad al poder financiero de la usura y de la globalización del capital, y de transferencia de riquezas hacia los acreedores.
Por eso, este Tribunal condena el proceso de endeudamiento brasileño, que implica en la subordinación a los intereses del capital financiero internacional y de los países ricos, apoyados por los organismos multilaterales, como inicuo e ilegítimo.
Responsabiliza a las élites dominantes por endeudamiento excesivo y por abdicar de un proyecto propio de desarrollo para el Brasil. Responsabiliza a los gobiernos y políticos que apoyan y promueven el proyecto de inserción subordinada del Brasil a la economía globalizada.
Responsabiliza a los economistas, juristas, artistas e intelectuales que les dan cobertura técnica e ideológica.
Responsabiliza a la dictadura de los grandes medios de comunicación, que intentan legitimar la deuda y bloquean el debate sobre alternativas.
Decide además comunicar a las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, de la Unión, Estados y municipios, esta decisión, para que la legitimidad de la estructura y función social de este Tribunal.
Asumiendo la esperanza presente en las luchas populares por alternativas de vida, de relaciones sociales y de organización de la economía y de la sociedad, el tribunal propone a todos los brasileños y brasileñas los siguientes compromisos y estrategias de acción:
Por la unión de todos los pueblos a favor de la cancelación general e irrestricta de las deudas externas de los países de baja renta más endeudados, y devolución de las riquezas que les fueron robadas, sin imposición de otras condiciones salvo la de la aplicación de los recursos ahorrados en el rescate de las deudas sociales bajo el control de la propia sociedad y del pleno respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Por la auditoría de la deuda pública externa y de todo el proceso de endeudamiento brasileño, con la participación activa de la sociedad civil, a fin de verificar contable y jurídicamente si todavía existe deuda a pagar, quien debe hacerlo, y de establecer normas democráticas de control sobre el endeudamiento.
Por una moratoria soberana, por la ruptura del Acuerdo con el FMI y por la redefinición de las deudas con base en los resultados de la auditoría, y en la afirmación de la soberanía nacional.
Por una política de desarrollo centrada en los derechos de la persona y de la sociedad, y apoyada principalmente en los recursos materiales y humano del país, superando la lógica y la práctica del endeudamiento irresponsable que impera actualmente.
Por el firme control del cambio, que instrumente el gobierno para frenar la especulación y re estimular la inversión productiva, incluyendo mecanismos efectivos de control, fiscalización de toda forma de entrada y salida ilegal de monedas (nacional y extranjeras) y de mercaderías en general.
Por volver a nacionalizar y democratizar a las empresas estratégicas.
Por la renegociación de las deudas de los estados y municipios, vinculando los recursos ahorrados al rescate de las deudas sociales y ambientales, y refundando el pacto federativo en una perspectiva democrática y participativa.
Por el refuerzo de las movilizaciones y campañas como el ATTAC, que exigen el establecimiento de mecanismos de regulación y de tasación de la circulación del capital especulativo internacional, apuntando a la creación de un fondo destinado al rescate de vida digna de los más empobrecidos.
Por la unión de los pueblos de América Latina y el Caribe alrededor de políticas alternativas y estrategias comunes al Continente, para enfrentar juntos el círculo vicioso del endeudamiento y los otros factores de empobrecimiento y subordinación que afligen todo el Continente.
Por la participación de la Campaña Jubileo 2000, del Consejo Mundial de Iglesias y de otras instituciones nacionales e internacionales, en una movilización que lleve a los Estados democráticos a proponer a la Asamblea General de la ONU una acción junto al la Corte Internacional de la Haya para juzgar los procesos que originaron e hipertrofiaron la deuda externa de los países empobrecidos y altamente endeudados y a sus responsables.
El presente Tribunal es el marco simbólico de una larga marcha.
Convoca por eso a los brasileños y brasileñas a participar con esperanza sin temores que irán surgiendo de ellos, y continuarán de pie, en las calles y plazas, hasta que consigamos que el Brasil sea verdaderamente una patria para todos, y que todos tengan condiciones de vida digna y de plena realización de la ciudadanía.
Es nuestra decisión.
Publíquese y divúlguese.
Se autoriza la firma solamente a todas las mujeres y hombres de bien.
Río de Janeiro, Patíbulo de Tiradentes, 28 de abril de 1999