Carta al senador nacional Ernesto Saenz por sus declaraciones sobre la legitimidad de la deuda
Buenos Aires, 11 de enero de 2010.-
Sr. Presidente de la UCR
Senador Nacional Ernesto Sanz
S/D
De mi consideración:
Por medio de la presente me dirijo a Usted, después de leer en el día de ayer, domingo 10 de enero, el reportaje que se le hiciera en el diario Crítica de la Argentina, donde afirma, frente a la pregunta de si cuestiona la legitimidad de la deuda externa, que: “A esta altura del partido, cuestionar la legitimidad del origen de la deuda no me parece. En 2004, este debate quedó zanjado. […] quienes dicen que no hay que pagar la deuda, en todo caso no tienen ningún tipo de responsabilidad".
Permítame ponerlo en conocimiento de que la cuestión en torno a la ilegitimidad de la deuda externa reclamada a nuestro país bajo ningún punto de vista está zanjada. Este año se cumple una década desde que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal giró al Congreso de la Nación el fallo sobre la causa N° 14.467, caratulada "Olmos, Alejandro S/dcia"- Expte N° 7.723/98, cuyo origen se remonta dieciocho años atrás.
En el fallo, el Juez Ballesteros establece que “la deuda externa de la Nación [...] ha resuelto groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados […] y que tendrían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”.
El desproporcional incremento que experimentó la deuda externa en el período dictatorial 1976-1983, de 7.800 millones de dólares a 45.100 millones de dólares, debido, en gran medida, a la estatización de la deuda privada de corporaciones empresariales, es el origen de la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda que aún hoy seguimos pagando.
Esto sumado a las nefastas consecuencias sociales y a la violación sistemática de los derechos humanos bajo el Terrorismo de Estado, para imponer un modelo económico y financiero cuyo principal caballito de batalla fue la deuda externa.
Por lo cual, afirmar que no se puede cuestionar la legitimidad del origen de la deuda externa, no sólo es reprobable desde un punto de vista ético sino que es preocupante que un senador nacional desconozca un fallo de la Justicia argentina sobre la materia, en el cual se ponen de manifiesto una serie de irregularidades que permiten denunciar y sostener la ilegitimidad y fraude de la deuda reclamada.
Esto sin sumar los escandalosos procedimientos que se han llevado adelante, como el Plan Brady, el megacanje y el blindaje financiero implementados por el gobierno de la Alianza. Y el canje de deuda, el pago de deuda ilegítima al Fondo Monetario Internacional y recientemente la reapertura del canje propiciados por la actual administración y que su partido voto favorablemente, como usted afirma en el citado reportaje. “Nosotros votamos a favor de la apertura del pago de deuda, por lo tanto estamos dispuestos a discutir en términos de razonabilidad y sensatez”, dijo.
Con todo respeto, sería bueno que pudiera hacer entender la “razonabilidad y sensatez” de negociar y pagar una deuda que fue objetada por la propia justicia y que en estos momentos está siendo materia de investigación en cuatro causas abiertas ante los Tribunales federales. No se puede negociar ni pagar una deuda sospechada de ser un fraude contra el Estado.
Razonabilidad sería investigar y preguntarse qué es lo que se reclama que se pague y qué es lo que efectivamente se debería honrar. Y en ese sentido, lo más propicio es que el Congreso Nacional, haciendo uso de la potestad que emana del artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional, lleve adelante una investigación- auditoría de la deuda externa a fin de dilucidar su legitimidad como lo planteo la Justicia argentina hace más de diez años. Lamentablemente, el fallo girado duerme el sueño de los justos en algún cajón perdido del Congreso, junto a otros proyectos presentados, como el de declarar nula de nulidad absoluta la deuda externa contraída durante la última dictadura militar, presentado en el 30 aniversario del Golpe de Estado de 1976.
Algún día se hará justicia y se le pondrá fin a la impunidad de los crímenes cometidos por la deuda.
Atentamente.
Pablo Herrero Garisto
DNI 26.875.785
Integrante de Diálogo 2000
Sr. Presidente de la UCR
Senador Nacional Ernesto Sanz
S/D
De mi consideración:
Por medio de la presente me dirijo a Usted, después de leer en el día de ayer, domingo 10 de enero, el reportaje que se le hiciera en el diario Crítica de la Argentina, donde afirma, frente a la pregunta de si cuestiona la legitimidad de la deuda externa, que: “A esta altura del partido, cuestionar la legitimidad del origen de la deuda no me parece. En 2004, este debate quedó zanjado. […] quienes dicen que no hay que pagar la deuda, en todo caso no tienen ningún tipo de responsabilidad".
Permítame ponerlo en conocimiento de que la cuestión en torno a la ilegitimidad de la deuda externa reclamada a nuestro país bajo ningún punto de vista está zanjada. Este año se cumple una década desde que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de la Capital Federal giró al Congreso de la Nación el fallo sobre la causa N° 14.467, caratulada "Olmos, Alejandro S/dcia"- Expte N° 7.723/98, cuyo origen se remonta dieciocho años atrás.
En el fallo, el Juez Ballesteros establece que “la deuda externa de la Nación [...] ha resuelto groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados […] y que tendrían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”.
El desproporcional incremento que experimentó la deuda externa en el período dictatorial 1976-1983, de 7.800 millones de dólares a 45.100 millones de dólares, debido, en gran medida, a la estatización de la deuda privada de corporaciones empresariales, es el origen de la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda que aún hoy seguimos pagando.
Esto sumado a las nefastas consecuencias sociales y a la violación sistemática de los derechos humanos bajo el Terrorismo de Estado, para imponer un modelo económico y financiero cuyo principal caballito de batalla fue la deuda externa.
Por lo cual, afirmar que no se puede cuestionar la legitimidad del origen de la deuda externa, no sólo es reprobable desde un punto de vista ético sino que es preocupante que un senador nacional desconozca un fallo de la Justicia argentina sobre la materia, en el cual se ponen de manifiesto una serie de irregularidades que permiten denunciar y sostener la ilegitimidad y fraude de la deuda reclamada.
Esto sin sumar los escandalosos procedimientos que se han llevado adelante, como el Plan Brady, el megacanje y el blindaje financiero implementados por el gobierno de la Alianza. Y el canje de deuda, el pago de deuda ilegítima al Fondo Monetario Internacional y recientemente la reapertura del canje propiciados por la actual administración y que su partido voto favorablemente, como usted afirma en el citado reportaje. “Nosotros votamos a favor de la apertura del pago de deuda, por lo tanto estamos dispuestos a discutir en términos de razonabilidad y sensatez”, dijo.
Con todo respeto, sería bueno que pudiera hacer entender la “razonabilidad y sensatez” de negociar y pagar una deuda que fue objetada por la propia justicia y que en estos momentos está siendo materia de investigación en cuatro causas abiertas ante los Tribunales federales. No se puede negociar ni pagar una deuda sospechada de ser un fraude contra el Estado.
Razonabilidad sería investigar y preguntarse qué es lo que se reclama que se pague y qué es lo que efectivamente se debería honrar. Y en ese sentido, lo más propicio es que el Congreso Nacional, haciendo uso de la potestad que emana del artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional, lleve adelante una investigación- auditoría de la deuda externa a fin de dilucidar su legitimidad como lo planteo la Justicia argentina hace más de diez años. Lamentablemente, el fallo girado duerme el sueño de los justos en algún cajón perdido del Congreso, junto a otros proyectos presentados, como el de declarar nula de nulidad absoluta la deuda externa contraída durante la última dictadura militar, presentado en el 30 aniversario del Golpe de Estado de 1976.
Algún día se hará justicia y se le pondrá fin a la impunidad de los crímenes cometidos por la deuda.
Atentamente.
Pablo Herrero Garisto
DNI 26.875.785
Integrante de Diálogo 2000