Una deuda con los derechos
Texto de la intervención de Beverly Keene, en la Audiencia Pública sobre TBIs y CIADI: Justicia a la medida de las TNCs, el 8 de noviembre de 2012 en la Cámara de Diputados de la Nación, Buenos Aires.
La
libertad, los derechos humanos, la soberanía y la autodeterminación de los
pueblos, constituyen bases
irrenunciables de cualquier ordenamiento jurídico, sea del orden nacional o
supranacional, que pretende establecer un marco de derecho compatible con la
justicia tan anhelada. Por eso, Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina ha
apoyado siempre, iniciativas y acciones tendientes a impedir y revertir la
reestructuración hegemónica del ordenamiento y las prácticas jurídicas,
impuesta durante las últimas décadas a sangre y fuego con el fin de consolidar
como norma superior, la libertad (sic) del capital, de sus mercados y de sus
múltiples formas de inversión / especulación.
Junto
a otras organizaciones y movimientos seguiremos propiciando la construcción de
alternativas desde el fortalecimiento y el ejercicio de la soberanía popular y
el reconocimiento pleno de la primacía de los derechos humanos y de los
pueblos, inclusive de los derechos de la naturaleza, sobre cualquier pretensión
de derechos esgrimida por el capital y las corporaciones, gobiernos e
instituciones multilaterales que lo favorecen y lo protegen.
De
ahí que saludamos la realización de esta Audiencia pública sobre los Tratados
bilaterales de protección a la inversión (TBIs) y el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), en la búsqueda de
establecer objetivos, criterios y líneas de acción comunes orientados a la
recuperación de nuestra soberanía, como pueblo y como país, y la defensa de
nuestros derechos y libertades. De más es decir que compartimos la evaluación
somera realizada por los convocantes de la Audiencia, en el sentido de subrayar
los impactos nocivos que ha significado la aprobación de estos instrumentos,
amén de su nula incidencia en la promoción de inversiones e independiente del
debate también central y pendiente, acerca de la clase y forma de inversiones
que precisamos para la sociedad y el país que queremos.
Jaque
a nuestra Libertad
En
estos momentos, la retención de la Fragata
Libertad en un puerto lejano pone de manifiesto, por un lado, algunas de
las graves consecuencias que conllevan el avance de la noción jurídica que
equipara la acción del Estado con la de cualquier interés privado, la
consecuente renuncia por parte del Estado argentino a su inmunidad soberana y
la prórroga de jurisdicción en beneficio de esos intereses. Por otro lado,
repone en la agenda de asignaturas pendientes, la existencia concreta,
condicionante y amenazante, de una deuda ilegítima e ilícita todavía no
resuelta y que en nuestro país, como en otros, continúa sirviendo de objeto e
instrumento para la imposición misma del reordenamiento jurídico referido,
además del drenaje permanente del producto del trabajo del pueblo argentino y de
la expoliación de su patrimonio y bienes naturales.
No
es casual que la declinación de la inmunidad soberana efectuada mediante
decretos de la dictadura del entonces presidente de facto Onganía, coincidió en el tiempo con la creación del CIADI
como dependencia del Banco Mundial. Ni
que la modificación del artículo 1 del Código Procesal en lo Civil y Comercial
de la Nación, que hasta la fecha establece la prórroga de jurisdicción, haya
sido la primera acción “legislativa” del régimen dictatorial cívico-militar
instalado en 1976, y que haya coincidido con la aprobación en EE.UU., de la Ley
sobre Inmunidades Soberanas (Foreign
Sovereign Immunity Act) que buscaba codificar desde el centro del imperio,
la postración soberana ante las libertades (sic) crecientes del capital privado
y sus mercados.
En
la Argentina, en ambos casos el objeto inmediato de las renuncias soberanas se
relacionaba con el proceso de endeudamiento impuesto por necesidad de los mismos
capitales sobrantes en las economías del Norte, ligados a la dinámica propia
del proceso de globalización y financiarización económica que entonces tomaba
vuelo. Durante el auge neoliberal posibilitado en los años ´90 por esas y otras
decisiones, se seguían perfeccionando los mecanismos de entrega, incluyendo la
firma de los TBIs que también pasaban a codificar no solamente la renuncia de
la soberanía y la cesión jurisdiccional sino además, la clasificación de los
procesos de endeudamiento de la Nación como vulgares “inversiones comerciales”
y por ende sujetos a las disposiciones impuestas.
La
Libertad permanece retenida en Ghana
por acción de un fondo de inversiones probadamente inescrupuloso – que busca
aprovechar al máximo el espacio que le ofrece el ordenamiento jurídico que el
capitalismo neoliberal hegemónico ha sabido conseguir en estas últimas décadas. Pero los buitres comen de la carroña que ha
dejado la acción y la omisión de los sucesivos gobiernos argentinos que siguen
entregando la soberanía y la jurisdicción en sus diversas operaciones
financieras, incluyendo por ejemplo los canjes de deuda efectuados en 2005 y
2010, y negándose a realizar una Auditoria de la deuda acumulada bajo esa
claudicación jurídica a fin de separar los reclamos ilegítimos e ilícitos.
Mientras
tanto, de parte del conjunto de “holdouts” avanzan acciones similares y peores
incluyendo, por ejemplo, el fallo contrario a la Argentina en segunda
instancia, dictado el 26 de octubre en Nueva York y que establecería la
obligatoriedad del pago a todos los tenedores de bonos en igualdad de
condiciones. El Canciller Timerman ha reconocido que suman más de 28 las
acciones iniciadas en contra del patrimonio del pueblo argentino, a los efectos
de lograr ejecución de las sentencias firmas obtenidas en jurisdicciones
extrañas. Son por lo menos tres casos, además, los iniciados en el CIADI
directamente invocando la suspensión de pagos de bonos emitidos
fraudulentamente, sobre la base de la deuda de la dictadura sobre cuyo proceso
de acumulación ya se ha pronunciado la Justicia Federal en el año 2000 (Causa
Olmos), y bajo las condiciones de renuncia soberana y prórroga de jurisdicción.
Si
bien algunas de estas acciones se han superado momentáneamente, está clara la
amenaza permanente que pende sobre la libertad, los derechos humanos, la
soberanía y la autodeterminación del pueblo argentino – amén de los miles de
millones de dólares que se abonan todos los años en concepto del pago llamado
de “desendeudamiento”, de intereses y premios sobre la deuda ilegítima
canjeada, mientras aumenta el endeudamiento intra-estadual a fin de amortizar
el capital. En este contexto, está visto
que ni la renuncia a la soberanía, ni la aceptación de jurisdicciones extrañas,
ni la negativa a realizar una auditoría de las deudas acumuladas bajo esas
imposiciones, incide de manera relevante en las decisiones que toman los
inversores / especuladores. Sí inciden
en la protección y promoción de nuestros derechos y patrimonio.
Defender nuestros Derechos
Hace pocos
días, Diálogo 2000 lanzó, junto a otras organizaciones y referentes sociales y
políticos del país, una serie de acciones tendientes a lograr la liberación de
la Libertad a través de la
recuperación de nuestra soberanía y la toma de medidas de Verdad y Justicia
necesarias para lograr el Nunca Más. Ponemos a consideración de esta Audiencia las
mismas, invitando a la vez que quienes así desean las suscriban, convencidos que hacen a la posibilidad de
revertir la situación actual de indefensión cuyas consecuencias van mucho más
allá del incidente vergonzante de la fragata, y de abrir caminos hacia un
ordenamiento jurídico justo en materia de las finanzas y el comercio.
Resumidamente,
estamos proponiendo la necesidad de avanzar, desde el gobierno, desde el
Parlamento, desde la sociedad, en las siguientes líneas de acción, conscientes
además de que las presiones siguen iguales o peores, para que el ordenamiento
hegemónico actual se consolide como marco jurídico-político para el despegue de
la llamada economía verde, con
consecuencias previsiblemente aún peores para nuestros derechos como pueblo,
como país, como naturaleza:
1.
Auditar
la deuda acumulada sobre la base de la renuncia a la inmunidad soberana y la
prórroga de jurisdicción, de manera pública, integral y
participativa, incluyendo su
interrelación con la generación de crímenes y deudas sociales y ecológicas;
2.
Impugnar
los reclamos de deuda ilegítimos e ilícitos,
reconociendo la inconstitucionalidad de las renuncias soberanas efectuadas y
proyectando la primacía de los derechos humanos y consecuentes obligaciones
estatales (Ver entre otros, Principios
Rectores de NN.UU. sobre Deuda y Derechos Humanos);
3.
Anular
la cesión a jurisdicciones extrañas como las del CIADI, y
no admitir más la prórroga de jurisdicción;
4.
Juzgar
y castigar a los responsables de la entrega de nuestra soberanía
y el endeudamiento ilegítimo e ilícito resultante, sean estos funcionarios,
empresarios, especuladores –nacionales o internacionales-, gobiernos o
instituciones multilaterales, reclamando además su obligación de reparar los daños hechos;
5.
Reestablecer
como un principio sustancial nunca más renunciar a la soberanía e
inmunidad del Estado
y lograr el fin de la Impunidad de quienes han sido sus responsables;
6. Construir unidad y acción decisiva entre los pueblos y
gobiernos de la región, incluyendo las diversas instancias de integración
latinoamericana y caribeña y Sur-Sur,
para poder avanzar de la manera necesaria en otros foros e instancias
internacionales.
-Beverly Keene, Diálogo 2000 – Jubileo Sur
Argentina
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
Audiencia
pública sobre TBIs y CIADI,
Cámara
de Diputados de la Nación