Una deuda con los derechos

Texto de la intervención de Beverly Keene, en la Audiencia Pública sobre TBIs y CIADI: Justicia a la medida de las TNCs, el 8 de noviembre de 2012 en la Cámara de Diputados de la Nación, Buenos Aires.



La libertad, los derechos humanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos,  constituyen bases irrenunciables de cualquier ordenamiento jurídico, sea del orden nacional o supranacional, que pretende establecer un marco de derecho compatible con la justicia tan anhelada.   Por eso, Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina ha apoyado siempre, iniciativas y acciones tendientes a impedir y revertir la reestructuración hegemónica del ordenamiento y las prácticas jurídicas, impuesta durante las últimas décadas a sangre y fuego con el fin de consolidar como norma superior, la libertad (sic) del capital, de sus mercados y de sus múltiples formas de inversión / especulación.
Junto a otras organizaciones y movimientos seguiremos propiciando la construcción de alternativas desde el fortalecimiento y el ejercicio de la soberanía popular y el reconocimiento pleno de la primacía de los derechos humanos y de los pueblos, inclusive de los derechos de la naturaleza, sobre cualquier pretensión de derechos esgrimida por el capital y las corporaciones, gobiernos e instituciones multilaterales que lo favorecen y lo protegen.
De ahí que saludamos la realización de esta Audiencia pública sobre los Tratados bilaterales de protección a la inversión (TBIs) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), en la búsqueda de establecer objetivos, criterios y líneas de acción comunes orientados a la recuperación de nuestra soberanía, como pueblo y como país, y la defensa de nuestros derechos y libertades. De más es decir que compartimos la evaluación somera realizada por los convocantes de la Audiencia, en el sentido de subrayar los impactos nocivos que ha significado la aprobación de estos instrumentos, amén de su nula incidencia en la promoción de inversiones e independiente del debate también central y pendiente, acerca de la clase y forma de inversiones que precisamos para la sociedad y el país que queremos.
Jaque a nuestra Libertad
En estos momentos, la retención de la Fragata Libertad en un puerto lejano pone de manifiesto, por un lado, algunas de las graves consecuencias que conllevan el avance de la noción jurídica que equipara la acción del Estado con la de cualquier interés privado, la consecuente renuncia por parte del Estado argentino a su inmunidad soberana y la prórroga de jurisdicción en beneficio de esos intereses. Por otro lado, repone en la agenda de asignaturas pendientes, la existencia concreta, condicionante y amenazante, de una deuda ilegítima e ilícita todavía no resuelta y que en nuestro país, como en otros, continúa sirviendo de objeto e instrumento para la imposición misma del reordenamiento jurídico referido, además del drenaje permanente del producto del trabajo del pueblo argentino y de la expoliación de su patrimonio y bienes naturales.
No es casual que la declinación de la inmunidad soberana efectuada mediante decretos de la dictadura del entonces presidente de facto Onganía, coincidió en el tiempo con la creación del CIADI como dependencia del Banco Mundial.  Ni que la modificación del artículo 1 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que hasta la fecha establece la prórroga de jurisdicción, haya sido la primera acción “legislativa” del régimen dictatorial cívico-militar instalado en 1976, y que haya coincidido con la aprobación en EE.UU., de la Ley sobre Inmunidades Soberanas (Foreign Sovereign Immunity Act) que buscaba codificar desde el centro del imperio, la postración soberana ante las libertades (sic) crecientes del capital privado y sus mercados.
En la Argentina, en ambos casos el objeto inmediato de las renuncias soberanas se relacionaba con el proceso de endeudamiento impuesto por necesidad de los mismos capitales sobrantes en las economías del Norte, ligados a la dinámica propia del proceso de globalización y financiarización económica que entonces tomaba vuelo. Durante el auge neoliberal posibilitado en los años ´90 por esas y otras decisiones, se seguían perfeccionando los mecanismos de entrega, incluyendo la firma de los TBIs que también pasaban a codificar no solamente la renuncia de la soberanía y la cesión jurisdiccional sino además, la clasificación de los procesos de endeudamiento de la Nación como vulgares “inversiones comerciales” y por ende sujetos a las disposiciones impuestas.
La Libertad permanece retenida en Ghana por acción de un fondo de inversiones probadamente inescrupuloso – que busca aprovechar al máximo el espacio que le ofrece el ordenamiento jurídico que el capitalismo neoliberal hegemónico ha sabido conseguir en estas últimas décadas.  Pero los buitres comen de la carroña que ha dejado la acción y la omisión de los sucesivos gobiernos argentinos que siguen entregando la soberanía y la jurisdicción en sus diversas operaciones financieras, incluyendo por ejemplo los canjes de deuda efectuados en 2005 y 2010, y negándose a realizar una Auditoria de la deuda acumulada bajo esa claudicación jurídica a fin de separar los reclamos ilegítimos e ilícitos.
Mientras tanto, de parte del conjunto de “holdouts” avanzan acciones similares y peores incluyendo, por ejemplo, el fallo contrario a la Argentina en segunda instancia, dictado el 26 de octubre en Nueva York y que establecería la obligatoriedad del pago a todos los tenedores de bonos en igualdad de condiciones. El Canciller Timerman ha reconocido que suman más de 28 las acciones iniciadas en contra del patrimonio del pueblo argentino, a los efectos de lograr ejecución de las sentencias firmas obtenidas en jurisdicciones extrañas. Son por lo menos tres casos, además, los iniciados en el CIADI directamente invocando la suspensión de pagos de bonos emitidos fraudulentamente, sobre la base de la deuda de la dictadura sobre cuyo proceso de acumulación ya se ha pronunciado la Justicia Federal en el año 2000 (Causa Olmos), y bajo las condiciones de renuncia soberana y prórroga de jurisdicción.
Si bien algunas de estas acciones se han superado momentáneamente, está clara la amenaza permanente que pende sobre la libertad, los derechos humanos, la soberanía y la autodeterminación del pueblo argentino – amén de los miles de millones de dólares que se abonan todos los años en concepto del pago llamado de “desendeudamiento”, de intereses y premios sobre la deuda ilegítima canjeada, mientras aumenta el endeudamiento intra-estadual a fin de amortizar el capital.  En este contexto, está visto que ni la renuncia a la soberanía, ni la aceptación de jurisdicciones extrañas, ni la negativa a realizar una auditoría de las deudas acumuladas bajo esas imposiciones, incide de manera relevante en las decisiones que toman los inversores / especuladores.  Sí inciden en la protección y promoción de nuestros derechos y patrimonio.
Defender nuestros Derechos
Hace pocos días, Diálogo 2000 lanzó, junto a otras organizaciones y referentes sociales y políticos del país, una serie de acciones tendientes a lograr la liberación de la Libertad a través de la recuperación de nuestra soberanía y la toma de medidas de Verdad y Justicia necesarias para lograr el Nunca Más.  Ponemos a consideración de esta Audiencia las mismas, invitando a la vez que quienes así desean las suscriban,  convencidos que hacen a la posibilidad de revertir la situación actual de indefensión cuyas consecuencias van mucho más allá del incidente vergonzante de la fragata, y de abrir caminos hacia un ordenamiento jurídico justo en materia de las finanzas y el comercio.
Resumidamente, estamos proponiendo la necesidad de avanzar, desde el gobierno, desde el Parlamento, desde la sociedad, en las siguientes líneas de acción, conscientes además de que las presiones siguen iguales o peores, para que el ordenamiento hegemónico actual se consolide como marco jurídico-político para el despegue de la llamada economía verde, con consecuencias previsiblemente aún peores para nuestros derechos como pueblo, como país, como naturaleza:
1.       Auditar la deuda acumulada sobre la base de la renuncia a la inmunidad soberana y la prórroga de jurisdicción, de manera pública, integral y participativa, incluyendo su interrelación con la generación de crímenes y deudas sociales y ecológicas;
2.       Impugnar los reclamos de deuda ilegítimos e ilícitos, reconociendo la inconstitucionalidad de las renuncias soberanas efectuadas y proyectando la primacía de los derechos humanos y consecuentes obligaciones estatales (Ver entre otros, Principios Rectores de NN.UU. sobre Deuda y Derechos Humanos);
3.       Anular la cesión a jurisdicciones extrañas como las del CIADI, y no admitir más la prórroga de jurisdicción;
4.       Juzgar y castigar a los responsables de la entrega de nuestra soberanía y el endeudamiento ilegítimo e ilícito resultante, sean estos funcionarios, empresarios, especuladores –nacionales o internacionales-, gobiernos o instituciones multilaterales, reclamando además su obligación de reparar los daños hechos;
5.       Reestablecer como un principio sustancial nunca más renunciar a la soberanía e inmunidad  del Estado y lograr el fin de la Impunidad de quienes han sido sus responsables;
6.       Construir unidad y acción decisiva entre los pueblos y gobiernos de la región, incluyendo las diversas instancias de integración latinoamericana y caribeña y Sur-Sur,  para poder avanzar de la manera necesaria en otros foros e instancias internacionales.
-Beverly Keene, Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2012
Audiencia pública sobre TBIs y CIADI,
Cámara de Diputados de la Nación

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