Carta a los Legisladores de Javier Llorens
Reproducimos a continuación la Carta enviada el 21 de diciembre de 2012, por el ciudadano-investigador Javier Llorens, a los y las legisladores de la República Argentina, instándoles a asumir su responsabilidad indelegable y "enfrentar la verdad respecto la
deuda externa y pública." En ella y el texto que se les envió en anexo, titulado La deuda externa, la pérdida de la Libertad y Soberanía, y como recuperarlas definitivamente, Llorens explica lo fraudulento de los títulos de deuda (bonos) actualmente en manos de los llamados "fondos buitre" y porque deben de ser considerados nulo de toda nulidad.
Sr. Legislador
A mi modesto entender esta presentación ante Ud. en este tumultuoso fin de año 2012 viene muy al caso, por cuatro razones a cual más atendible y urgente.
La primera razón es que el Congreso está autorizado a considerar en las sesiones extraordinarias en curso los asuntos referido a tratados, convenios, y acuerdos internacionales.
La segunda razón es el acoso de los fondos buitres internacionales al que él país está siendo sometido. Que llegó su climax con el embargo de la fragata Libertad en Ghana, y la sentencia del juez Griesa referida al famoso pari passu o pago igualitario de las acreencias a favor de los fondos buitres, que estuvo a punto de precipitar un nuevo default de la deuda.
Ambos asuntos están aún lejos de haberse dirimido. Dado que la medida adoptada por el Tribunal del Mar en Hamburgo ha sido solo provisional, mientras que el fallo del juez Griesa se encuentra en apelación en Nueva York, estando ambos con sus plazos corriendo en contra de Argentina.
La tercera razón es la imposibilidad de salir del default declarado en el 2001. No solo por la postura de los fondos buitres y los holds outs, sino también por la deuda con el Club de Paris y las demandas ante el CIADI. Cuyo monto global equivale a más de veinte años de la Asignación a la Niñez, la principal medida de contención social, no de inclusión social, tomada por este gobierno. Y a todos estos asuntos lo cruza transversalmente una única cuestión, referida a la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y la renuncia a la inmunidad soberana ante ellos.
La cuarta razón es el reciente estallido de violencia social que cundió a lo largo y ancho del país. Que ha puesto nuevamente en evidencia la existencia de la enorme deuda social interna, que la deuda externa tiene como trágica contrapartida. Que lleva implícita la exigencia que el Congreso, como representante del pueblo y no del gobierno de turno, aborde de una vez por todas este tema, que durante treinta años cobardemente se negó a afrontar.
No es casual que a la par que el gobierno se jactaba públicamente de haber hecho el pago de deuda externa más importante desde el 2001, se haya suscitado este nuevo estallido de violencia, semejante a los acontecimientos del 2001. Protagonizado nuevamente por desposeídos; no solo de alimentos, o de los bienes que esta sociedad consumista insta a poseer para alcanzar la felicidad. Sino sobre todo de un horizonte para sus vidas, sumidas en la anomia y la pobreza estructural. Que tienen como único escape material, el delito; y espiritual, la pasión irracional por el futbol, o las drogas.
En consecuencia el estallido parece haber sido un arranque de furia popular, en reclamo de un mínimo pari passu o igualdad de los acreedores, entre los acreedores financieros de la deuda pública y externa, y los acreedores de la deuda social interna. Pese a que esta altura esta última merecería una absoluta prioridad, no solo por el default y la postergación a que ha sido inveteradamente sometida. Sino porque el pago de ella es la única receta para poder cumplir con el unánime reclamo de seguridad exigido por todos los argentinos. Ya que no puede haber una democracia real y segura, si cada uno de los ciudadanos necesitados de trabajar no cuenta con una habitación y un empleo digno.
A este respecto, al haber defeccionado absolutamente el Congreso en treinta años de democracia de su obligación de conocer el tema de la deuda externa, ha incurrido en una absoluta y reprochable ignorancia respecto dos gravísimos fraudes legales cometidos en relación a ella. En directa burla de las potestades y delegación de atribuciones efectuadas por ese Congreso.
Pese a que la existencia de esos fraudes permitiría declarar la nulidad de los títulos de deuda no presentados al canje, y darle un tratamiento parecido a las deudas con el Club de Paris y las provenientes del CIADI. Al ser estos últimos parte del mismo fraude que enajenó nuestra soberanía, perpetrado por las mismas personas involucradas en los dos primeros, encabezadas por Domingo Cavallo.
El primer fraude está referido a la supuesta autorización efectuada al Poder Ejecutivo, para que prorrogue la jurisdicción a favor de cualquier tribunal del mundo, establecida en los artículos ex 16 y hoy 40 de la ley 11.672, Complementaria Permanente del Presupuesto. El texto que lucen esos artículos, no fue redactado por ningún legislador, ni tuvo intervención del Congreso. Fue amañado por Ricardo Gutiérrez, el secretario de Hacienda de Domingo Cavallo, en base a las facultades colegislativas que inusitadamente atribuyeron a esa secretaría Videla y Martínez de Hoz en el año 1980, con la seudo ley de facto 22.202.
El restante fraude, aun más grave, cometido también reiteradamente por las autoridades del ministerio de Economía, desde Cavallo en adelante, hasta salpicar a Boudou y Lorenzino, está relacionado con la letra chica de los contratos de colocación de deuda externa, para el que contaron con la complicidad de los dictámenes de la Procuración del Tesoro.
En los cuales las cláusulas estipuladas en los decretos presidenciales, referidos a jurisdicción, ley aplicable, y renuncia a la inmunidad soberana, nada tiene que ver con las que insertada finalmente en dichos contratos. Con las que se dejó prácticamente al país judicialmente indefenso ante el mundo, al haberse efectuado una renuncia total a la inmunidad soberana, con prorroga de la jurisdicción para la ejecución de sentencia a cualquier tribunal del mundo, anulando a la par las leyes aplicables que podían poner a cubiertos determinados bienes, como los bienes diplomáticos y la fragata Libertad.
Esta inadmisible extralimitación al mandato conferido por parte de unos pocos altos funcionarios argentinos, ha permitido el reiterado y tenaz asedio de los fondos buitres contra los bienes más emblemáticos de nuestro país, hasta llegar al suceso de la fragata Libertad en Ghana. Los pormenores de esta cuestión, que en un país serio determinarían una exhaustiva investigación por parte de la Justicia y el Congreso, están detallados en el informe adjunto con título “La deuda externa, la pérdida de la Libertad ySoberanía, y como recuperarlas definitivamente.”
El mismo está fundamentado en una base de datos confeccionada con más de 60 decretos presidenciales emitidos entre 1992 y 2010, que autorizaron la emisión de deuda externa y sus anexos, y las más de 200 resoluciones y sus anexos con que ellos se implementaron. Y en el cual finalmente se revela también su conexión con la deuda con el Club de Paris y las del CIADI, por la profunda trabazón que tienen íntimamente todos estos asuntos.
Como argentino lamento enormemente que se de esta situación tristemente paradojal y subvertida, que patentiza la absoluta e inexplicable incuria de ese Congreso en relación con la álgida cuestión de la deuda externa, que sea un simple ciudadano el que informe al Congreso en relación a ella, cuando la situación debería ser exactamente inversa.
Por ello Sr Legislador como simple ciudadano me atrevo a urgirlo para que se ponga a la altura de la situación como representante del pueblo, y abandonando banderías y subordinaciones, se atreva a enfrentar la verdad respecto la deuda externa y pública. Que es atribución indelegable del Congreso, al ser impuestos anticipados que nadie sabe bien a que se destinaron, y que luego trágicamente se han esquilmado al pueblo.
Lo saludo con el respeto que se merece
Javier Llorens
21 de diciembre de 2012
Sr. Legislador
A mi modesto entender esta presentación ante Ud. en este tumultuoso fin de año 2012 viene muy al caso, por cuatro razones a cual más atendible y urgente.
La primera razón es que el Congreso está autorizado a considerar en las sesiones extraordinarias en curso los asuntos referido a tratados, convenios, y acuerdos internacionales.
La segunda razón es el acoso de los fondos buitres internacionales al que él país está siendo sometido. Que llegó su climax con el embargo de la fragata Libertad en Ghana, y la sentencia del juez Griesa referida al famoso pari passu o pago igualitario de las acreencias a favor de los fondos buitres, que estuvo a punto de precipitar un nuevo default de la deuda.
Ambos asuntos están aún lejos de haberse dirimido. Dado que la medida adoptada por el Tribunal del Mar en Hamburgo ha sido solo provisional, mientras que el fallo del juez Griesa se encuentra en apelación en Nueva York, estando ambos con sus plazos corriendo en contra de Argentina.
La tercera razón es la imposibilidad de salir del default declarado en el 2001. No solo por la postura de los fondos buitres y los holds outs, sino también por la deuda con el Club de Paris y las demandas ante el CIADI. Cuyo monto global equivale a más de veinte años de la Asignación a la Niñez, la principal medida de contención social, no de inclusión social, tomada por este gobierno. Y a todos estos asuntos lo cruza transversalmente una única cuestión, referida a la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y la renuncia a la inmunidad soberana ante ellos.
La cuarta razón es el reciente estallido de violencia social que cundió a lo largo y ancho del país. Que ha puesto nuevamente en evidencia la existencia de la enorme deuda social interna, que la deuda externa tiene como trágica contrapartida. Que lleva implícita la exigencia que el Congreso, como representante del pueblo y no del gobierno de turno, aborde de una vez por todas este tema, que durante treinta años cobardemente se negó a afrontar.
No es casual que a la par que el gobierno se jactaba públicamente de haber hecho el pago de deuda externa más importante desde el 2001, se haya suscitado este nuevo estallido de violencia, semejante a los acontecimientos del 2001. Protagonizado nuevamente por desposeídos; no solo de alimentos, o de los bienes que esta sociedad consumista insta a poseer para alcanzar la felicidad. Sino sobre todo de un horizonte para sus vidas, sumidas en la anomia y la pobreza estructural. Que tienen como único escape material, el delito; y espiritual, la pasión irracional por el futbol, o las drogas.
En consecuencia el estallido parece haber sido un arranque de furia popular, en reclamo de un mínimo pari passu o igualdad de los acreedores, entre los acreedores financieros de la deuda pública y externa, y los acreedores de la deuda social interna. Pese a que esta altura esta última merecería una absoluta prioridad, no solo por el default y la postergación a que ha sido inveteradamente sometida. Sino porque el pago de ella es la única receta para poder cumplir con el unánime reclamo de seguridad exigido por todos los argentinos. Ya que no puede haber una democracia real y segura, si cada uno de los ciudadanos necesitados de trabajar no cuenta con una habitación y un empleo digno.
A este respecto, al haber defeccionado absolutamente el Congreso en treinta años de democracia de su obligación de conocer el tema de la deuda externa, ha incurrido en una absoluta y reprochable ignorancia respecto dos gravísimos fraudes legales cometidos en relación a ella. En directa burla de las potestades y delegación de atribuciones efectuadas por ese Congreso.
Pese a que la existencia de esos fraudes permitiría declarar la nulidad de los títulos de deuda no presentados al canje, y darle un tratamiento parecido a las deudas con el Club de Paris y las provenientes del CIADI. Al ser estos últimos parte del mismo fraude que enajenó nuestra soberanía, perpetrado por las mismas personas involucradas en los dos primeros, encabezadas por Domingo Cavallo.
El primer fraude está referido a la supuesta autorización efectuada al Poder Ejecutivo, para que prorrogue la jurisdicción a favor de cualquier tribunal del mundo, establecida en los artículos ex 16 y hoy 40 de la ley 11.672, Complementaria Permanente del Presupuesto. El texto que lucen esos artículos, no fue redactado por ningún legislador, ni tuvo intervención del Congreso. Fue amañado por Ricardo Gutiérrez, el secretario de Hacienda de Domingo Cavallo, en base a las facultades colegislativas que inusitadamente atribuyeron a esa secretaría Videla y Martínez de Hoz en el año 1980, con la seudo ley de facto 22.202.
El restante fraude, aun más grave, cometido también reiteradamente por las autoridades del ministerio de Economía, desde Cavallo en adelante, hasta salpicar a Boudou y Lorenzino, está relacionado con la letra chica de los contratos de colocación de deuda externa, para el que contaron con la complicidad de los dictámenes de la Procuración del Tesoro.
En los cuales las cláusulas estipuladas en los decretos presidenciales, referidos a jurisdicción, ley aplicable, y renuncia a la inmunidad soberana, nada tiene que ver con las que insertada finalmente en dichos contratos. Con las que se dejó prácticamente al país judicialmente indefenso ante el mundo, al haberse efectuado una renuncia total a la inmunidad soberana, con prorroga de la jurisdicción para la ejecución de sentencia a cualquier tribunal del mundo, anulando a la par las leyes aplicables que podían poner a cubiertos determinados bienes, como los bienes diplomáticos y la fragata Libertad.
Esta inadmisible extralimitación al mandato conferido por parte de unos pocos altos funcionarios argentinos, ha permitido el reiterado y tenaz asedio de los fondos buitres contra los bienes más emblemáticos de nuestro país, hasta llegar al suceso de la fragata Libertad en Ghana. Los pormenores de esta cuestión, que en un país serio determinarían una exhaustiva investigación por parte de la Justicia y el Congreso, están detallados en el informe adjunto con título “La deuda externa, la pérdida de la Libertad ySoberanía, y como recuperarlas definitivamente.”
El mismo está fundamentado en una base de datos confeccionada con más de 60 decretos presidenciales emitidos entre 1992 y 2010, que autorizaron la emisión de deuda externa y sus anexos, y las más de 200 resoluciones y sus anexos con que ellos se implementaron. Y en el cual finalmente se revela también su conexión con la deuda con el Club de Paris y las del CIADI, por la profunda trabazón que tienen íntimamente todos estos asuntos.
Como argentino lamento enormemente que se de esta situación tristemente paradojal y subvertida, que patentiza la absoluta e inexplicable incuria de ese Congreso en relación con la álgida cuestión de la deuda externa, que sea un simple ciudadano el que informe al Congreso en relación a ella, cuando la situación debería ser exactamente inversa.
Por ello Sr Legislador como simple ciudadano me atrevo a urgirlo para que se ponga a la altura de la situación como representante del pueblo, y abandonando banderías y subordinaciones, se atreva a enfrentar la verdad respecto la deuda externa y pública. Que es atribución indelegable del Congreso, al ser impuestos anticipados que nadie sabe bien a que se destinaron, y que luego trágicamente se han esquilmado al pueblo.
Lo saludo con el respeto que se merece
Javier Llorens
21 de diciembre de 2012