Fallo buitre pone de relieve la urgencia de una nueva estrategia frente a la deuda: Auditoría, no más canjes, para no seguir pagando lo que no debemos


En su fallo del 23 de agosto, la Cámara de Apelaciones de Nueva York confirmó lo equivocada de la estrategia adoptada por el gobierno argentino para encarar la problemática de la deuda pública. Al darles toda la razón a los llamados fondos buitre, en su pelea por cobrarnos lo que jamás invirtieron, puso de relieve la urgencia de un cambio a fondo.

El gobierno se ha dejado entrampar en un terreno que, por definición, nos es desfavorable. Es una estrategia que ha costado caro al pueblo argentino y seguirá sumando facturas si no es corregida. Al ignorar la ilegitimidad manifiesta de los reclamos de deuda hoy en garras no solo de los buitres reconocidos sino también de otros cobradores, y seguir aceptando la jurisdicción anticonstitucional de tribunales extranjeros como el de Nueva York, el gobierno pretende ilusoriamente que las reglas del mercado jueguen a favor de los derechos humanos y la soberanía del país.

La Cámara neoyorquina lo dice con toda claridad cuando afirma que su decisión favorece la integridad y el estatus del mercado de capitales de esa ciudad, al requerir a rajatabla, sin admitir consideración alguna, que “deudores, incluso deudores extranjeros, paguen sus deudas”.[1] Por más que se rechaza sus implicancias para Argentina, y posiblemente para otros pueblos que también sufren las acciones de los grandes especuladores, nadie debería haber esperado otra decisión.

Lamentablemente, las dos medidas anunciadas anoche por la Presidenta solo buscan profundizar la estrategia que ha convertido a Argentina en un “pagador serial” - según ella misma confirmó - de reclamos de deuda cuya legitimidad nunca ha sido establecida.

Desde los inicios de la década K, la estrategia del gobierno argentino frente a la deuda se ha basado en el no-cuestionamiento de los reclamos, la renovación del sometimiento a tribunales extranjeros y la búsqueda de condiciones que le permitan pagar y pagar, con el fin anunciado de acceder nuevamente y en mejores términos a los mercados internacionales de capital, para poder volver a endeudarnos.

Aunque no ha logrado el objetivo anhelado, como bien lo señaló la Presidenta anoche, entre 2003 y 2012 Argentina ha abonado en concepto de deuda más de 173 mil millones de dólares - más que cualquier gobierno anterior y el equivalente, al cambio oficial del día, a un año y medio de presupuesto nacional o bien, a siete veces lo recaudado por el tan cuestionado Impuesto a las Ganancias en 2012. Además, sigue acumulando costosos juicios - y sentencias – en contra y la deuda pública, pese a lo pagado y a toda la propaganda del “desendeudamiento”, crece a pasos agigantados llegando a fines de 2012 a la suma oficial de 209 mil millones de dólares.

Es esa “voluntad pagadora” que el gobierno continúa buscando proteger en cada actuación, sea ante los llamados fondos buitre, los gobiernos del Club de París, el FMI, el CIADI o en sus reiteradas ofertas de generosas reestructuraciones. Y por ser efectivamente el gobierno que más deuda ha pagado, aún a costa de las necesidades del pueblo argentino y un nuevo y fuerte endeudamiento interno con la Caja de jubilaciones y otros resquicios de fondos estatales y paraestatales – es lo que más enojo le produce al ser tildado por la misma Cámara de Apelaciones como un “deudor recalcitrante”.

Una nueva y más eficaz estrategia debe partir de otro cometido: la defensa y promoción de los derechos humanos por encima de las pretensiones del capital, tal como le exige al gobierno el derecho nacional e internacional vigente en la materia.[2]

Se debe empezar por reconocer los orígenes fraudulentos de la deuda y obrar en consecuencia. El gobierno se queja de la deuda “heredada”, que viene de la dictadura y de todo el proceso posterior de ajustes y reestructuraciones, incluyendo las emisiones de bonos en pleno menemato neoliberal con las condiciones leoninas que hoy sirven de bandeja a los buitres. Pero se jacta de pagar en vez de cuestionarla, ignorando entre otras cosas, el fallo del Juez Ballester en el renombrado “Caso Olmos” y todas las causas judiciales aún en curso en Argentina que denuncian la ilegitimidad e ilegalidad de los reclamos de deuda que Argentina paga religiosamente (y los que aún no paga). Realizar una Auditoría pública y participativa de la deuda e investigar las denuncias pendientes serían estrategias mucho más eficaces que rogar una ayuda desinteresada al gobierno de EE.UU., al FMI o aún a Dios, ante la Corte Suprema de ese país.

En ese mismo sentido, el gobierno debe cuestionar la afirmación infundada de la Cámara de Nueva York en el sentido de que Argentina “se ha sometido voluntariamente a la jurisdicción de (su) distrito”[3]. Debe reconocer, hacia atrás y hacia adelante, la necesidad de respetar y reforzar su propia soberanía y la jurisdicción que manda nuestra Carta magna. Sin duda, el canje propuesto anoche, de bonos emitidos en 2005 y 2010 bajo las leyes de Nueva York, por nuevos bonos bajo jurisdicción nacional, es un reconocimiento importante de la gravedad de este problema que no obstante se sigue perpetuando en contratos aún más recientes, como el acuerdo YPF-Chevron, y los tratados bilaterales de protección de las inversiones que hoy implican multimillonarios juicios contra el estado en foros extraños como el CIADI.

Cumplir con el fallo recientemente confirmado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, significaría además un aumento inaceptable de la deuda social para con el pueblo argentino. Sin ir más lejos, los USD 1,3 mil millones que demandan los fondos especulativos – sin incluir los intereses atrasados - serían equivalente al 124% del presupuesto nacional de este año para Vivienda y urbanismo, o bien, al 59% de la asignación para Promoción y asistencia social.[4]

Por lo que Argentina tiene razón al rechazar esa posibilidad y es menester que la comunidad internacional respalde el derecho de proteger a la población y actúe con eficacia para poner fin a los abusos sistemáticos del poder financiero capitalista, empezando con los fondos llamados buitre. 

Pero es igualmente necesario que tanto la comunidad internacional, como el gobierno de Argentina, reconozcan que el país tiene todo el derecho y todas las pruebas, para desconocer y anular los contratos ilegítimos de deuda impuestos en contra de la voluntad y los derechos del pueblo argentino, así como la cesión de soberanía y de jurisdicción hecha bajo la presión extorsiva de los mismos prestamistas que hoy encuentran respaldo sea en los tribunales de Nueva York o Londres, los paneles de arbitraje del CIADI o cualquier otro estrado donde los intereses particulares de unos pocos, pesan más que los derechos humanos de todo un pueblo. Sólo así se podrá avanzar hacia una justicia realmente legítima y la reparación de los daños hechos.

AUDITORÍA Y NO PAGO DE LA DEUDA ILEGÍTIMA
IMPULSO DE LAS CAUSAS JUDICIALES Y SANCIÓN A LOS RESPONSABLES
RESPETO A LA SOBERANÍA Y LOS DERECHOS DEL PUEBLO
REPARACIÓN DE LOS CRÍMENES Y DEUDAS ACUMULADAS

DIALOGO 2000 – JUBILEO SUR ARGENTINA
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013




[1] “Our decision affirms a proposition essential to the integrity of the capital markets: borrowers and lenders may, under New York law, negotiate mutually agreeable terms for their transactions, but they will be held to those terms.  We believe that the interest—one widely shared in the financial community—in maintaining New York’s status as one of the foremost commercial centers is advanced by requiring debtors, including foreign debtors, to pay their debts.” Decisión 12-105(L) de la Cámara federal de Apelaciones de EE.UU., Segundo Circuito, en NML Capital, Ltd. v. República de Argentina, 23 de agosto de 2013, p. 24-25.
[2] Ver por ejemplo, los “Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos”, Asamblea General de las Naciones Unidas, A/HRC/20/23.
[3] Idem, p. 17, “…Argentina, a party that has voluntarily submitted to the jurisdiction of the district court.” Traducción propia.
[4] El presupuesto nacional  2013 para Vivienda y urbanismo es $ 5,9 mil millones, y el de  Promocion y asistencia social $12,4 mil millones. Al cambio oficial de $5,6/USD, el pago confirmado a los fondos buitres sería del orden de $7,3 mil millones.

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