¿Reestructurar deuda o resolver el problema?
La Asamblea General
de NN.UU. dio inicio formal, a principios de febrero, a la negociación de un
marco jurídico multilateral para la reestructuración de deudas públicas. Hace
tiempo que ese organismo viene debatiendo al respecto, pero fue la negativa del
gobierno de EE.UU. a tirarle el salvavidas esperado por el gobierno argentino
en su pelea con los fondos buitre, y el sucesivo cambio de estrategia de la
Argentina en junio 2014, lo que galvanizó el apoyo de los países “en vías de
desarrollo” - el G77+China - e hizo posible aprobar en septiembre, un proceso
de redacción veloz de esta nueva propuesta regulatoria.
El objetivo
planteado, según sus impulsores, es ‘aumentar la eficiencia, la estabilidad, y
la previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento
económico sostenido, inclusivo, y equitativo’.[i] Más
en criollo, la propuesta arrimada por la Argentina señala directamente el
interés en evitar que “un pequeño núcleo de fondos altamente especulativos y
litigiosos tramen estrategias abusivas a fin de cobrar ganancias
extraordinarias al bloquear los esfuerzos legítimos de Estados soberanos para
encontrar soluciones eficientes, equitativas, legales y sostenibles a sus
crisis de deuda.”[ii]
Con esa
expectativa, el Comité creado para redactar el nuevo marco jurídico, integrado
por todos los Estados interesados, realizó su primera reunión del 3 al 5 de
febrero, en Nueva York.[iii]Proyecta
dos reuniones más, para fin de abril y julio, antes de buscar aprobación de
parte de la Asamblea General e iniciar el proceso posterior de ratificaciones.
Enfrentar el sistema
de endeudamiento, encarando su ilegitimidad
Diálogo 2000, junto a la red Jubileo Sur/Américas, respondieron a la
invitación para hacer llegar sus consideraciones y propuestas, señalando la
necesidad de que un nuevo marco jurídico contribuya a fortalecer la capacidad
de acción de los pueblos y países que quieren enfrentar la perversa lógica y
consecuencias del sistema de endeudamiento en su conjunto.[iv]En
su defecto, alertan del peligro que el esfuerzo sirva simplemente para agilizar
el funcionamiento de un sistema que, más allá de los fondos buitre, significa
el saqueo permanente y violación de los derechos de los pueblos a partir del
cobro sostenido de ganancias usureras y el pago continuo de deudas ilegítimas
que rara vez benefician a quienes son obligados a servirlas.
Las dos entidades
destacan que toda gestión de deuda pública debe basarse en la primacía de los
derechos humanos por sobre cualquier contrato y llaman la atención sobre la
ausencia de referencia a este requisito en la resolución que estableció la
negociación ahora iniciada... Leer nota completa aquí