¿Reestructurar deuda o resolver el problema?



La Asamblea General de NN.UU. dio inicio formal, a principios de febrero, a la negociación de un marco jurídico multilateral para la reestructuración de deudas públicas. Hace tiempo que ese organismo viene debatiendo al respecto, pero fue la negativa del gobierno de EE.UU. a tirarle el salvavidas esperado por el gobierno argentino en su pelea con los fondos buitre, y el sucesivo cambio de estrategia de la Argentina en junio 2014, lo que galvanizó el apoyo de los países “en vías de desarrollo” - el G77+China - e hizo posible aprobar en septiembre, un proceso de redacción veloz de esta nueva propuesta regulatoria.
El objetivo planteado, según sus impulsores, es ‘aumentar la eficiencia, la estabilidad, y la previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo, y equitativo’.[i] Más en criollo, la propuesta arrimada por la Argentina señala directamente el interés en evitar que “un pequeño núcleo de fondos altamente especulativos y litigiosos tramen estrategias abusivas a fin de cobrar ganancias extraordinarias al bloquear los esfuerzos legítimos de Estados soberanos para encontrar soluciones eficientes, equitativas, legales y sostenibles a sus crisis de deuda.”[ii]

Con esa expectativa, el Comité creado para redactar el nuevo marco jurídico, integrado por todos los Estados interesados, realizó su primera reunión del 3 al 5 de febrero, en Nueva York.[iii]Proyecta dos reuniones más, para fin de abril y julio, antes de buscar aprobación de parte de la Asamblea General e iniciar el proceso posterior de ratificaciones.

Enfrentar el sistema de endeudamiento, encarando su ilegitimidad
Diálogo 2000, junto a la red Jubileo Sur/Américas, respondieron a la invitación para hacer llegar sus consideraciones y propuestas, señalando la necesidad de que un nuevo marco jurídico contribuya a fortalecer la capacidad de acción de los pueblos y países que quieren enfrentar la perversa lógica y consecuencias del sistema de endeudamiento en su conjunto.[iv]En su defecto, alertan del peligro que el esfuerzo sirva simplemente para agilizar el funcionamiento de un sistema que, más allá de los fondos buitre, significa el saqueo permanente y violación de los derechos de los pueblos a partir del cobro sostenido de ganancias usureras y el pago continuo de deudas ilegítimas que rara vez benefician a quienes son obligados a servirlas.

Las dos entidades destacan que toda gestión de deuda pública debe basarse en la primacía de los derechos humanos por sobre cualquier contrato y llaman la atención sobre la ausencia de referencia a este requisito en la resolución que estableció la negociación ahora iniciada...  Leer nota completa aquí

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