EL NUEVO MINISTERIO DE LA DEUDA PÚBLICA.
Por Héctor GIULIANO (27.12.2016)
El desplazamiento de Alfonso Prat
Gay y las circunstancias asociadas al hecho tienden a dejar en un segundo plano
una cuestión tanto o más importante que la renuncia forzada del ministro: la
creación de un Ministerio de la Deuda Pública.
Aunque la noticia es demasiado
reciente como para hacer comentarios en firme y la complejidad de los cambios
en curso dentro del gobierno Macri todavía no pueden ser debidamente evaluados
- incluso el decreto correspondiente todavía no ha sido emitido - hay tres
aspectos concurrentes que sí pueden ser destacados:
- La expulsión de Prat Gay está asociada al desdoblamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas (MHFP) en dos: Hacienda y Finanzas, teniendo este último a cargo todo el paquete de la Deuda Pública.
- El
ministro no renunció voluntariamente sino que fue forzado a ello y quien asumió
la tarea de echarlo no fue el presidente Macri sino su Jefe de Gabinete,
Marcos Peña, enfrentado internamente con Prat Gay y a cargo del ámbito donde se toman las decisiones más
importantes de gobierno.
- La
oportunidad de su alejamiento – en medio de las fiestas de fin de año e
inmediatamente antes de las vacaciones de verano, y rodeada la noticia con
varios distractivos de prensa (especialmente los relacionados con la
corrupción Kirchner) - se da en
momentos que el gobierno no puede mostrar resultados positivos de su
gestión a través de las principales variables económico-financieras de la
Argentina.
Vamos a intentar una interpretación
fundada de estas observaciones personales.
El rol de Prat Gay, objetivamente
hablando, estaba desdibujado desde el inicio de la gestión Macri: el Decreto
13/2015 (del 10.12) sustituyó el entonces Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas (MEFP o MECON) por el nuevo Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
(MHFP), subdividiendo su competencia en seis de lo que eran sus secretarías y
que pasaron a ser ministerios independientes: 1. Hacienda/Finanzas (las únicas
que quedaron dentro del MHFP), 2. Trabajo, 3. Agro-Industria, 4. Energía, 5.
Transporte y 6. Producción.
El margen de decisión del MHFP, por
lo tanto, devino así fuertemente recortado desde un comienzo, limitándolo
fundamentalmente al manejo de las cuentas fiscales - ya que Hacienda y Finanzas Públicas son
sinónimos técnicos (aunque incluyen el tema sustancial de la Deuda Pública) - y sin capacidad para imponer en forma
unilateral sus criterios en materia de Política Económica general.
Con el agravante que después de un
año de gobierno la administración Macri todavía no ha presentado un programa
integral y concreto de tal Política Económica.
Además, la dependencia o coordinación de la Jefatura de Gabinete
de Ministros (JGM), a cargo de Marcos Peña y sus dos vice-ministros – Mario
Quintana y Gustavo Lopetegui – que es donde se tomarían las principales decisiones
de gobierno, se reveló muy conflictiva.
En estas condiciones, el papel del
ministro Prat Gay quedaba con facultades desbalanceadas ya que no tenía poder
decisorio propio sobre temas que ya no abarcaba su área, como el caso de
precios/tarifas de servicios públicos, transportes/comunicaciones, relaciones
con las provincias, economías regionales, etc., y tampoco sobre el problema clave
de una política financiera - monetaria, cambiaria y fiscal – que es fijada
desde el Banco Central (BCRA) con
independencia de las necesidades de la Política Económica.
Dado que el balance del primer año
de gestión del nuevo gobierno fue tomando un cariz más inoperante e incierto y que
el país no sale de un cuadro de estanflación generalizado (recesión con
inflación) era previsible que algo tenía que pasar: que algo tenía que hacerse
para intentar reacomodar la imagen pública de las autoridades.
En tal contexto, resulta lógico
pensar que la administración Macri, ante sus problemas irresueltos de alta
inflación, caída de los ingresos fijos reales (asalariados y jubilados),
retraso cambiario, caída del consumo, recesión, gasto público y déficit fiscal
crecientes, problemas de balanza comercial y cuenta corriente de la balanza de
pago y – en particular – nuevo sobre-endeudamiento público impagable, sacrificase alguna pieza de su plantel
de funcionarios para tratar de presentar una imagen de cambio frente al año
electoral que comienza después de haber mostrado su inoperancia en todos los
campos citados.
Y para ello, nada mejor que echar a
uno de los altos funcionarios que no era precisamente del entorno del Pro – núcleo original de la alianza Cambiemos – sino
producto de alianzas electorales con otros grupos políticos y con estructuras
de poder económico-financiero internacional (como el caso de la banca JP
Morgan, de la que Prat Gay fuera alto ejecutivo).
Desde este punto de vista, la salida
del ministro de economía estaría actuando como una suerte de cabeza de turco para evitar una catarsis
colectiva del gobierno Macri (con la importante aclaración que ello no libera
ni atenúa ninguna de las responsabilidades propias en las decisiones tomadas
por el ex ministro desde su cargo).
Pero, sin enredarnos aquí en
consideraciones y/o conjeturas acerca de las internas de la administración
Macri, cabe identificar algunos puntos concretos donde la gestión del gobierno
– con o sin la titularidad de Prat Gay en el MHFP – explicarían (si no
justificarían) la necesidad de vender esta imagen de cambio ante la opinión
pública frente a la falta de resultados reales positivos en sus políticas de
Gobierno:
a)
La caída del mito de una nueva y fácil
política de macro-endeudamiento público cuasi-irrestricto y sin demostración alguna
de capacidad de repago, basada en la falsa idea que la deuda del Estado
recibida de la administración Kirchner era manejable y que la confianza internacional iba a permitir
que el gobierno colocase nuevos bonos externos en gran escala y con tasas de
interés relativamente más bajas después de su rendición ante los holdouts.
b)
La frustración de que iban a llover inversiones extranjeras directas
mientras, en la práctica, se creaban condiciones inversas al estímulo de
verdaderas inversiones productivas debido a las medidas extraordinariamente
favorables para la especulación financiera: tipo de cambio estable y retrasado
con altas tasas de interés locales y libre movilidad de capitales.
c)
El debilitamiento de las expectativas de
freno anti-inflacionario y crecimiento económico – el citado problema de
estanflación - con sus secuelas de aumento de la pobreza, el desempleo y la
consiguiente necesidad de más planes de contención social para sostener las
consecuencias de su propia política económico-financiera.
Este cuadro de situación, producto
de la herencia recibida de la administración Kirchner pero no revertida sino
acentuada por el nuevo gobierno Macri está en el nudo de su actual problemática
política frente a un año electoral.
La traducción práctica de esta encerrona
financiera fiscal está centrada en el círculo vicioso de incremento de la deuda
pública y sus servicios (deuda y servicios fuertemente crecientes del Tesoro
Nacional, del Banco Central – BCRA – y de las Provincias), de su incidencia
directa en el aumento del gasto público y, consecuentemente, del correlativo
aumento del déficit fiscal, que a su vez se cubre con más endeudamiento.
Y la clave de todo esto se encuentra
en la lógica de la deuda pública perpetua como forma de financiamiento
estructural del Estado - hoy política macrista de gobernar con deuda - esto es, la inveterada práctica de refinanciar
en forma total y permanente los vencimientos de capital pagando cada vez más intereses y tomando
simultáneamente más deuda nueva.
Las cosas se agravaron para la
administración Macri – en el marco de un esquema financiero insostenible (como
no sea colocando sistemáticamente más deuda) - cuando después del supuestamente
exitoso allanamiento a las exigencias del juez Griesa y los fondos buitre[1]
las facilidades relativas esperadas en el nuevo endeudamiento no se dieron y la
tasa de riesgo-país no tuvo una baja significativa,[2]
siendo así que hoy el país se encuentra frente a la aspiración de colocar más
de 30.000 MD[3]
de nueva deuda externa durante el 2017 cuando no existen las condiciones ni las
opiniones externas favorables como para que esto ocurra en los términos que necesitan
las autoridades nacionales.
De allí que la creación de un
Ministerio de la Deuda Pública constituya hoy una suerte de blanqueo de la emergencia argentina
derivada de la nueva Crisis de Deuda que las autoridades y el establishment
financiero quieren ocultar: una crisis de endeudamiento perpetuo del que la
administración Macri no puede ni quiere salir sino, por el contrario, profundizar.
Por eso se jerarquiza ahora aún más
el área de la Deuda Pública y se promueve al frente del nuevo ministerio a otro
funcionario - dentro de la dotación de CEO´s provenientes de la actividad
privada que integran la actual administración - como Luis Caputo, ligado a la banca Morgan (lo
mismo que el ministro saliente Prat Gay), al Deutsche Bank y a la actividad
bursátil de colocación de bonos públicos, como garantía de continuar y
desarrollar la política del gobierno Macri de gobernar con deuda, de la que depende inexorablemente su
estabilidad financiera y política.
Este nuevo Ministerio de la Deuda –
cuyos detalles, aunque sólo sean de forma, todavía no se conocen porque aún no
ha sido emitido el decreto correspondiente (que es otro DNU que modifica la Ley
de Ministerios) – va a manejar las decisiones sobre la mayor suma de fondos
públicos del Estado porque la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 prevé la
colocación de 1.727.200 M$ (equivalentes a 96.400 MD) de endeudamiento público
durante el ejercicio y el pago de 247.600 M$ (≡ 13.800 MD) de intereses.
El total de vencimientos de capital
durante el año – 1.042.500 M$ (≡ 58.200 MD) que serán íntegramente
refinanciados (hasta el último centavo) porque toda la deuda que vence se paga
con nueva deuda – más la toma de deuda adicional por 684.700 M$ (≡ 38.200 MD) y
más el citado pago de intereses por 247.600 M$ (≡ 13.800 MD) – que se abonan en
efectivo como parte del Gasto Público Corriente – implica que el nuevo
Ministerio de la Deuda tomará decisiones sobre un monto de 1.974.800 M$ (≡
110.200 MD), prácticamente unos 2 Billones de Pesos; mientras el total de
gastos del presupuesto 2017 es de 2.363.600 M$ (≡ 132.000 MD).
Desde un crudo punto de vista
funcional, la gravedad del cuadro de situación de la Deuda Pública – y
particularmente de la Deuda Externa oficial – explica la jerarquización del tema (y sobre todo del problema) a nivel de un ministerio
específico y a la vez desnuda la realidad e importancia de la política de la
administración Macri de gobernar con
deuda.
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 27.12.2016
[1] El
arreglo con los holdouts – en Abril de este año - fue realizado mediante
acuerdos secretos de los que hasta ahora no se tienen informaciones concretas, convenios
éstos que están siendo investigados por la Justicia y que habrían dejado
todavía la mitad de los pagos a los holdouts por hacerse (8.800 sobre el
reconocimiento de 19.000 MD).
[2] La sobretasa por riesgo-país de la Argentina
es actualmente de 480-450 puntos básicos (PB), es decir, de 4.8-4.5 puntos
porcentuales por sobre la tasa que pagan los Bonos del Tesoro Norteamericano a
10 años de plazo (hoy 1.87 % anual), que se toman como referencia para el
cálculo del índice EMBI+ de JP Morgan, lo que da un piso nominal para la
colocación de títulos argentinos en el exterior entre 6.5-7.0 % anual o más
según las evaluaciones pormenorizadas.
[3] Las
abreviaturas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos respectivamente y se
expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias
entre totales y sumatoria de términos.