Una Deuda con los Derechos de los Pueblos
Ponencia ofrecida en la Mesa-debate "¿Hacia dónde va el Endeudamiento Externo argentino?", organizada por la FES, el 5 de mayo de 2017 en la sede porteña de FLACSO.
-Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur
Argentina
Algunos aspectos de la actualidad argentina están
sujetos a diversas interpretaciones y merecen debates profundos, pero en materia
de deuda pública no parecen caber dudas que vamos de mal en peor, y rápidamente.
Mal, porque pese al promocionado “desendeudamiento” de los últimos años,
venimos desde tiempos de la dictadura sin quebrar el ciclo de endeudamiento y
hegemonía que sigue implicando su propio 2 x 1: cada dólar recibido en préstamo
remite como mínimo 2 de ganancias, y otros más en calidad de poder de dominación[i].
Peor, porque mientras la economía se estanca con un profundo ajuste en curso y
todos los indicadores de empleo, ingresos, bienestar social en franco
retroceso, la deuda pública financiera ya dio un salto de 35 mil
millones de dólares en 2016 y el
presupuesto 2017 contempla un nuevo incremento de 38 mil millones de
dólares[ii].
A modo de comparación, durante las gestiones Kirchner, el promedio de aumento
anual de la deuda pública era de aproximadamente 10 mil millones de dólares.
Esta tasa
de aumento (13%) en un contexto de recesión refleja centralmente la firme
decisión política de gobernar con un ritmo de endeudamiento imposible de pagar,
realmente inédito -aun comparando con el período de la última dictadura. Esta política
beneficia directamente no solo a los prestadores, que cobran suculentos
intereses, sino también a los colocadores de la deuda, que cobran importantes comisiones.
Así, se deja atado el modelo productivo y todo el diseño de política económica a
sectores del gran capital cada vez más concentrado y extranjerizado (incluso
cuando su origen sea local).
Hay que resaltar
que la nueva deuda pública no significa más inversión social, sino todo lo
contrario. Se endeuda para cubrir el déficit fiscal que, pese a las promesas
electorales de Mauricio Macri, se ha incrementado, tanto por la rebaja de las
retenciones mineras y agropecuarias y otros regalos fiscales, como por el hecho
de que crece el peso de los pagos de intereses. Lo que no tan eufemísticamente se
llama “servicio de la deuda”, desde hace varios años se ha convertido en uno de
los rubros presupuestarios más grandes y que más crece. El presupuesto 2017
prevé que 20% del gasto total de la Administración Central, 1 de cada 5 pesos,
se aplique no para satisfacer los derechos humanos de la población -salud,
educación, agua, vivienda o generación de empleo- sino para servir la deuda. Este
pago de intereses, 30 millones de pesos por hora, equivale a un hospital
completo cada día, insume más que el gasto federal en educación y deportes, salud,
interior, obras públicas y vivienda –todo junto[iii].
La experiencia argentina
reciente nos ha mostrado que el costo de servir la deuda es altísimo: más alto
incluso que los posibles costos de cuestionar esa servidumbre. Son los grandes prestamistas
y sus organismos – sean estos el Citibank, Paul Singer, China, el FMI, el Banco
Mundial o quiénes más- quienes avasallan
con sus requerimientos toda pretensión de soberanía y democracia en aras de acrecentar
la explotación, el saqueo y la destrucción ambiental[iv].
Es importante insistir: la deuda no sirve a los fines del desarrollo nacional,
sino que constituye, hoy como ayer, una herramienta privilegiada del capital
transnacional para llevar adelante sus procesos de despojo.
No podemos olvidar que fue la
dictadura militar-corporativa que impuso a sangre y fuego el ciclo de
endeudamiento ilegítimo e ilegal que el gobierno Macri ahora profundiza, no
casualmente a favor de muchas de las mismas empresas e intereses. Tampoco debe
sorprender, entonces, la actualidad de una de las denuncias de ese período confirmadas
por el Juez Ballestero en la Causa Olmos, cuando afirma “la
existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de
capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y
el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976”[v].
Esa estafa original ha
atravesado diversos momentos: la década perdida de los ’80 (con el fallido
intento del club de deudores), la entrega del patrimonio público en los ’90, la
crisis de 2001 y la política de “pagador serial” de los gobiernos del kirchnerismo
–incluyendo las concesiones al Club de París, al CIADI, o a Repsol, entre otras.
Las formas del endeudamiento fueron cambiando, pero no su esencia de constituirse
en poder de dominación –que vulnera democracia y soberanía- ni el hecho de que
su costo siempre lo paga el pueblo con sus derechos. Así, mientras más se
profundiza el sistema de endeudamiento perpetuo, más se incrementan las deudas
con el pueblo: la deuda social, la deuda ecológica, la deuda democrática, la
deuda de género, la deuda con los pueblos originarios, la deuda con la niñez. En
fin, la dicotomía es entre una deuda ilegal e ilegítima, y las deudas que son
legítimas, que tienen al pueblo por acreedor.
¿Qué hacer?
Ante este escenario, se
plantea el gran desafío desde el campo popular de reconocernos como verdaderos
acreedores, y dejar de pagar lo que no debemos. Podríamos incluso decir que, en
esta era de la pos-verdad, todavía luchamos por desmitificar muchos conceptos
de la pre-verdad. Seguimos escuchando, por ejemplo, a pesar de todas las
pruebas en contra, que el país se endeuda para tener recursos para invertir,
para desarrollarnos. O que existe margen para endeudarnos porque la relación deuda
/ PIB es baja, o que hay que aprovechar la posibilidad de endeudar el país en
el exterior – pues los inversores estarían amigables con el gobierno de Macri,
que hizo “los deberes” para “retornar” Argentina a la supervisión del FMI y al
mundo del mercado, o al mercado mundial. Y desde luego, se insiste, las deudas
no solo hay que pagarlas, sino que es necesario “honrarlas” y “servirlas”. El
lenguaje no es neutro.
Al finalizar la dictadura, el
futuro presidente Raúl Alfonsín hizo campaña sobre la promesa de no pagar la
deuda ilegítima, y su primer ministro de economía intentó realizar una
investigación en ese sentido, pero fue abandonada ante las demandas del FMI y
demás prestamistas. Luego, en especial en los ’90, después de que la deuda sirvió
de palanca y palo para la imposición de la agenda neoliberal como salida a la
crisis, la mera mención de la deuda era un tabú. Al día de hoy continúa siendo
difícil incorporar la problemática en la agenda popular y el debate político, incluso
hemos sumado nuevos obstáculos a su tratamiento en los años recientes.
Cuando Néstor Kirchner
planteaba que era bueno pagar la deuda –mediante su reestructuración en 2005, o
más aún con el pago anticipado al FMI – se operó un golpe muy certero a la
opinión progresista, que, aunque no lograba materializar el cómo, hasta ese
entonces mantenía incólume el convencimiento que el no-pago era lo justo y
necesario. Poco después, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner,
sobrevino el relato del “desendeudamiento” y cundió la sensación que la deuda
–salvo aquella ligada a los fondos buitre– había dejado de existir, cuando en
realidad lo que había sucedido era una importante conversión de deuda pública
externa en deuda pública interna, política revertida ahora por el gobierno
Macri. Es decir, no significó una disminución ni del stock de deuda pública ni
del costo de su servicio, sino todo lo contrario. Dado el cerrazón de los
mercados internacionales de capitales y sobre la base del pleno reconocimiento
de una deuda probadamente fraudulenta[vi]
y la reafirmación de condiciones gravosas -como la cesión de jurisdicción a
tribunales extranjeros y la renuncia a la inmunidad soberana -, se trató, en
fin, de un traspaso del grueso de la deuda ilegítima de manos de prestamistas
extranjeros al pueblo argentino entero, mediante su conversión en deuda intra-Estado.
El 60% del fondo de garantía del ANSES, por ejemplo, está ahora prestado al
Tesoro Nacional, para que éste pagara el servicio de una deuda que la justicia
argentina ya había dictaminado fraudulenta.
Por todo lo anterior, el
primer paso en esta nueva fase pasa por reconocer que la política de
endeudamiento permanente es un problema,
y que no es nuevo, sino que viene de lejos y perpetúa ganancias y privilegios para
los prestadores. No huelga reconocer además que la experiencia argentina, si
bien tiene particularidades, es compartida con gran parte de América latina y
el Caribe, así como otros países del Sur global donde el endeudamiento público,
que sostiene el despojo neocolonial y la dependencia, define los modelos
productivos bajo los ejes comunes de empobrecimiento, desigualdad y destrucción
ambiental y cultural. Hay que enfatizarlo: la deuda no es un simple problema de
liquidez o de solvencia, sino una herramienta de dominación que acentúa la
extracción de nuestros bienes comunes y pone en riesgo la democracia, nuestros
derechos humanos, la naturaleza; en fin, la vida de los pueblos en todas sus
dimensiones.
Así también resulta necesario construir
conciencia crítica de que el problema de la deuda se trata en realidad de un sistema
de endeudamiento perpetuo, que la convierte en ilegítima, ilegal, odiosa e
impagable. Desde la red de Jubileo Sur hemos planteado siempre esta
ilegitimidad, fundamental a la hora de plantear la necesidad de romper con la
lógica de este sistema, tan bien explicada en tan pocas palabras por ese gran
escritor y compañero, Eduardo Galeano: “más pagamos, más debemos, menos
tenemos”. Una deuda ilegítima es una deuda que no debemos, y que tenemos
derecho a no pagar[vii].
¿Hay alternativas?
Tanto frente a la deuda
existente, como ante la profundización del sistema de endeudamiento perpetuo, hay
alternativas de corto, mediano y largo plazo. Impulsar la realización de
auditorías integrales de las deudas es una estrategia que ha dado resultados
importantes en contextos diversos, incluyendo Brasil en los años ’30, Ecuador y
Grecia más recientemente. El caso ecuatoriano es particularmente significativo,
pues entre 2007 y 2008 se realizó una Auditoría Integral del Crédito Público,
que tuvo por efecto inmediato una fuerte devaluación de los bonos - los prestadores
se saben dueños de títulos ilegales – y un posterior ahorro al tesoro nacional.
Ecuador no tuvo por ello problemas para volver a emitir deuda o recibir
inversiones, y fue de los países de mayor crecimiento en la región, contra lo
que sugieren quienes critican las auditorías. En el caso argentino, la recuperación
económica posterior al colapso de 2001 fue construida sobre la base de la
suspensión de pagos de la mitad de la deuda pública, durante 3 años: una
reacción tardía, incompleta y temporaria que, aun así, permitió frenar el
drenaje de riqueza y bienes comunes y empezar a revertir el desastre provocado.
Teniendo la exhaustiva base
probatoria que ya existe en Argentina, a partir de la Causa Olmos y otros
juicios que duermen en distintos tribunales federales, es cuestión de
actualizar y completar el proceso de identificar a cada paso la corrupción y
las responsabilidades[viii].
Es preciso trabajar para que el poder judicial asuma su obligación de juzgar y
sancionar los crímenes cometidos, y el poder legislativo su responsabilidad de
contralor. Mientras tanto, se debe suspender todo pago sobre una deuda cuya
legitimidad y legalidad no han sido comprobadas. Es esencial quebrar la lógica
del sistema de endeudamiento que requiere cada vez más deuda, para servir a la
deuda vieja.
En el largo plazo, la construcción de soberanía financiera pasa por la
consolidación de un régimen fiscal más justo y la aplicación de controles al
movimiento de capitales. Al respecto, es vital desandar el andamiaje de normas nacionales
e internacionales que el gran capital ha establecido en estos años para
facilitar su operatoria sin trabas: desde el FMI al GAFI (Grupo de Acción
Financiera Internacional), impulsores de la desregulación financiera y las
leyes antiterroristas; los tratados de protección a las inversiones y de “libre”
comercio –que solo liberan los movimientos de capitales y bienes, sin
libertades para las personas-; los mecanismos para la resolución de conflictos (como
el CIADI), que menoscaban la soberanía de los Estados y habilitan la acción de tribunales
foráneos o árbitros privados vinculados a los intereses corporativos, entre
otras. Es necesario que los Estados asuman la primacía de los derechos humanos
por sobre las demandas del capital y que, entre todos, creemos la fuerza y mecanismos
necesarios para asegurar su protección.
Una ventaja de estas luchas, como ocurrió con el ALCA hace poco más de una
década, es que permiten construir alianzas amplias en toda la región, y más
allá también. Ahí está nuestro gran desafío: para construir las alternativas
que queremos, cobra vital importancia la lucha de los pueblos. Por eso la centralidad
de impulsar una gran campaña popular hacia el financiamiento soberano, contra
el sistema de endeudamiento perpetuo, tal como acordamos en la I Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación –
Resistencias y Alternativas hacia el Buen Vivir, realizada aquí en
Buenos Aires, hace dos años[ix].
Para ello, es necesario articular las diversas resistencias y propuestas contra
el ajuste social, el extractivismo, el “libre” comercio, la impunidad
corporativa, las megarepresas y los megaeventos, la criminalización de la
protesta, la militarización, el avasallamiento de los pueblos originarios… vincular
a todas y todos quienes pelean por la soberanía y la autodeterminación en
defensa de nuestros derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. No hay
tiempo que perder para avanzar en la misma, reconociendo que forma parte del
igualmente impostergable desafío de construcción hacia un nuevo proyecto
popular superador del colonialismo, del capitalismo, del imperialismo y del
patriarcado y en armonía con la naturaleza.
[i] De hecho, la deuda
pública argentina –correspondiente solo a la administración central– aumentó en
102 mil millones de dólares durante los 12 años de gestión del kirchnerismo (de
152 a 254 mil millones de dólares), pese a la jactancia de la Presidente
Cristina Fernández de Kirchner, de haber pagado más de 190 mil millones de
dólares entre 2003 y 2014.
[ii] El incremento de deuda en 2016 no incluye
el blanqueo realizado en diciembre 2015, apenas asumido el gobierno Macri, de
32 mil millones de dólares de deuda no reconocida por el gobierno anterior
(Reclamos de los fondos buitre y cupones CER pendiente (Ver Giuliano, Héctor,
“El aumento de la deuda pública en 2016”, 26/4/17). El presupuesto 2017 contempla la colocación de un
total de nueva deuda por 96
mil millones, 58 mil millones para cubrir el refinanciamiento de vencimientos
(que es como se “paga” deuda), y 38 mil millones de incremento neto. Según el Observatorio
de la Deuda Externa de la UMET, se trata del mayor incremento de deuda de una
economía “emergente”.
[iv] Los diálogos de
acercamiento al FMI del nuevo gobierno, que incluyen la auditoría de las
cuentas nacionales, suponen un riesgo muy importante a la soberanía nacional.
El propio FMI hizo una autocrítica de su responsabilidad en la crisis de 2001,
pero no modificó por ello sus demandas.
[v] Causa N° 14.467, Olmos, Alejandro S/dcia,
tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2
de la Capital Federal, Secretaría N°4, y fallada el 13 de julio de 2000, http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Ballesteros_JuicioSobreDeudaExterna/Ballesteros_001.htm
[vi] Idem. La decisión del Juez Ballesteros en la célebre Causa
Olmos (13/7/2000, Causa 14.467 Olmos, s/ denuncia), señalando la comisión de no
menos que 477 arbitrariedades en la contratación de la deuda durante la
dictadura y requiriendo la intervención del Congreso Nacional para la
dilucidación de responsabilidades no ha sido nunca apelada, ni aplicada.
[vii] Ver al respecto, Jubileo
Sur/Américas, ¿Quién debe a quién? Apuntes para abordar la ilegitimidad de la
deuda, Rio de Janeiro, 2013, http://dialogo2000.blogspot.com.ar/2011/09/quien-debe-quien.html
[viii] Lamentablemente, en el
marco del conflicto con los fondos buitres, se creó en 2014 una Comisión
parlamentaria bicameral para investigar la legitimidad de la deuda al mismo
tiempo que se declaraba su pago de “interés público” –un verdadero
contrasentido. Sin resultados que presentar, por falta de funcionamiento real, la
misma fue anulada en 2016, junto con la aprobación parlamentaria del pago a los
fondos buitre, y reemplazada por una nueva comisión de “seguimiento” a la deuda,
igualmente inoperante.