La Deuda con nuestros Derechos
El
próximo 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, asumirá un nuevo gobierno en Argentina. La coincidencia de
las fechas debería servir para recordarle al presidente, así como también a los
demás poderes estatales, a los poderes fácticos y a la sociedad en general, que
la primera obligación de todo gobernante es cumplir con la Constitución y los
Derechos de las personas, de los pueblos e incluso de la naturaleza, ahí
reconocidos.
La
doctrina internacional es unívoca al respecto: las obligaciones en materia de
Derechos Humanos asumidas por los Estados, incluyendo el Estado argentino, de
respetar, proteger, garantizar y promover el cumplimiento del derecho a la
salud, a la educación, al trabajo y la seguridad social, a un nivel de vida
adecuado y una mejora continua de las condiciones de existencia, a un ambiente
sano, a la no discriminación, a la cultura, a la tierra, al agua y saneamiento,
entre otros, tienen primacía por sobre cualquier acuerdo o tratado comercial,
de deuda, de inversiones, sea con intereses privados u organismos
multilaterales como el FMI, el BID, el Banco Mundial, la OMC, el G20. Más en
criollo, ¡no hay deuda más soberana que la deuda con el pueblo!
El
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado
en 1986 e incorporado a la Constitución argentina en 1994, establece con fuerza
de ley que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación… (y) de
disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. En ningún caso podrá
privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.”[i]
Existen
sobrados motivos para plantear que, sobre todo después de cuatro años de la
política Macri de gobernar con deuda, lo que rige en la Argentina es una
verdadera dictadeuda, regenteaba por el FMI a favor de un modelo económico,
ecológico, cultural y político de antiderechos. Son pruebas contundentes el
hecho que se multiplican los presupuestos destinados al pago de intereses sobre
la deuda, y los prestamistas afinan la letra chica de sus condiciones, mientras
se generaliza el hambre, el desempleo y el deterioro de las condiciones de
vida, se acelera la rapiña contra las fuentes mismas de la vida – el agua, la
tierra, la biodiversidad -, y se acentúan la ocupación y exclusión territorial
y la represión impune contra quienes se movilizan en defensa de la vida, la
soberanía y los derechos. Como bien lo resumía Eduardo Galeano, “más pagamos,
más debemos y menos tenemos”.
Es
esta realidad, esta pesadilla de saqueo, contaminación, hambre y exclusión,
totalmente reñida con la demanda social, perspectiva política y obligaciones
jurídicas que emanen de la noción de Estado de derecho, comprometido con la
plena vigencia de los Derechos Humanos, que el Congreso Nacional tiene la
responsabilidad, y la oportunidad, de desandar. Sabemos además que los procesos
de endeudamiento, la firma misma de los acuerdos con el FMI, están reñidos con
la ley y la justicia. Por todo eso es que instamos al Parlamento argentino, a
las y los Diputades y Senadores, a asumir sus responsabilidades a fin de
revertir esta situación de violación grave y sistemática a los Derechos
Humanos. El momento para actuar es ahora:
·
antes de que se apruebe un nuevo Presupuesto supeditado a las
imposiciones de los prestamistas y el FMI;
·
antes de que el Ejecutivo usurpe nuevamente el mandato indelegable
del Parlamento para intentar arreglar por su cuenta la nefasta situación
existente de endeudamiento público, violación de derechos humanos y cesión de
soberanía;
·
antes de que el nuevo gobierno avance por el camino que ha
anunciado, para continuar promoviendo un modelo de producción que significa más
bien saqueo, contaminación, exclusión y muerte –el de la megaminería, del
fracking, del extractivismo agroindustrial- con el argumento de pagar las
deudas que el pueblo argentino no deben, o de fomentar un desarrollo que no es
tal al desconocer nuestros derechos y necesidades como pueblos y como
naturaleza.
Como
lo hemos hecho en otras oportunidades y ante otros gobiernos, instamos al Congreso
Nacional a actuar con urgencia a fin de asegurar las siguientes medidas:
1.
Investigación o auditoría integral de los reclamos de deuda pública pendientes
y de los acuerdos firmados con el FMI, a fin de establecer la legalidad y
legitimidad de los mismos.[ii]
2.
Suspensión del pago sobre los mismos y de aplicación de los acuerdos, hasta
tanto no sea establecido su legalidad y legitimidad.
3.
Evaluación pública con consulta social participativa, del impacto en materia de
derechos humanos de los proyectos de Presupuesto recibidos del Ejecutivo para
su aprobación, así como también los Informes de Ejecución presupuestaria.
4. Evaluación pública con consulta social
participativa, del impacto en materia de derechos humanos, incluyendo los
derechos de los pueblos y de la naturaleza, de la membrecía de Argentina en el
Fondo Monetario Internacional, con vistas a la determinación de su permanencia
o no.
Desde
una Argentina, una América latina y el Caribe, violentadas y convulsionadas
como hoy se nos encuentra frente a las ambiciones e imposiciones de un
capitalismo globalizado, financierizado, extractivista, patriarcal y racista,
sus agentes beneficiarios y/o copartícipes –en su mayoría enormes fondos y
empresas transnacionales- y el cada vez más invasivo y militarizado marco
llamado de seguridad, formado, equipado y gestionado en gran medida por el
gobierno del país, los Estados Unidos, que más terrorismo de estado ejerce en
toda el planeta, instamos nuevamente al Congreso Nacional a ejercer sus
facultades para recuperar y asegurar nuestra Soberanía y Derechos.
La deuda no la debemos el pueblo argentino.
Somos
el pueblo, la naturaleza, los verdaderos acreedores.
-Diálogo 2000 –
Jubileo Sur Argentina
Buenos Aires, 27 de noviembre de
2019