Propuestas al Ministro de Economía: La Deuda es con el Pueblo y la Naturaleza
Ministro
de Economía
Diego
Bastourre
Secretario
de Finanzas
Lisandro
Cleri
Sub-secretario
Unidad de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda
Ministerio
de Economía
República
de Argentina
De nuestra consideración
Reciba nuestro saludo y
los mejores deseos para este año que se inicia, en una región convulsionada y con
un pueblo sediento de justicia, de paz, de dignidad y de respeto.
Agradecemos el gesto que
han tenido, de solicitar apreciaciones y propuestas en torno a los principios y
procedimientos que puedan aportar a la sostenibilidad de la Deuda pública
argentina. Lamentamos que el tiempo establecido para la consulta sea tan corto
y en un momento del año que dificulta en extremo la amplia participación merecida.
Queremos aprovechar, no obstante, la voluntad de consulta expresada, para acercarles
sobre la base de la buena fe, un primer esbozo de lineamientos que consideramos
fundamentales a la hora de avanzar más bien hacia una solución duradera de la
problemática grave y sistemática del endeudamiento público, sobre todo desde
una situación sumamente crítica como la actual.
Tal vez sea necesario
aclarar que no lo hacemos como tenedores de bonos o letras de la Deuda pública externa,
sino como organizaciones que forman parte de un verdadero Pueblo Acreedor que,
desde hace años -por no decir décadas e incluso siglos- , ha sido condenado a
“prestar” a la Nación una parte significativa de la riqueza que produce, los
bienes comunes que son su patrimonio y los derechos humanos que le asiste. Por
lo general el otorgamiento de nuestros “préstamos” ha sido forzoso, sin
consulta ni cobro de intereses o comisiones sino todo lo contrario. Demasiadas
veces han sido incluso “préstamos” impuestos con el engaño de que eran necesarios
a fin de pagar otras deudas supuestamente prioritarias, pero que en realidad
han sido ilegítimas, fraudulentas, odiosas y verdaderos crímenes de lesa
humanidad. El resultado ha sido siempre el mismo, parafraseando al querido
Eduardo Galeano: más prestamos, más se nos endeuda y menos tenemos.
Señores Ministro,
Secretario y Subsecretario, estamos convencides que este es un momento propicio
para reconocer que la Deuda pública argentina más importante es la Deuda con el
Pueblo y con la Naturaleza que nos sustenta y de la cual también somos parte. A
la vez, que sea ésta una oportunidad imperdible para que el Estado argentino
asuma de una vez, que las obligaciones suyas y de la comunidad internacional en
su conjunto, en materia de Derechos Humanos, conllevan el reconocimiento de la
primacía de su cumplimiento por sobre cualquier otra obligación contraída, incluyendo,
claro que sí, los términos y condiciones de pago de los diversos instrumentos
de endeudamiento emitidos por el Estado argentino en los mercados privados externos
e internos o acordados con otras entidades públicas u organismos multilaterales
como podría ser el FMI, el Banco Mundial, el BID u otros.
Es decir que la plena
vigencia de nuestros Derechos Humanos a una vida digna, a la salud, la
educación, al agua pura y un ambiente sano, a una alimentación suficiente y
saludable, a la tierra y los territorios, al empleo y salarios y jubilaciones
justas, entre otros, tiene prioridad por sobre otras obligaciones estatales. Por
ende, deben establecerse como eje orientador de la política económica de la
Nación y parámetros centrales de evaluación de la pertinencia y resultados de toda
política de endeudamiento o de desendeudamiento.
Y cumplir con nuestros
Derechos como personas y como pueblos, así como también con los Derechos de la
naturaleza, implica avanzar hacia su pleno respeto con medidas concretas, sin
retrocesos ni discriminación y con pleno reconocimiento de la urgencia de
reparaciones para determinadas poblaciones, incluyendo los pueblos originarios,
el campesinado, la niñez, las mujeres, las disidencias sexuales, las personas
mayores, el inmenso sector de la
sociedad argentina con sus vidas totalmente vulneradas.
Al respecto, entre los
elementos que el Estado argentino debería tener presente se incluyen los Principios rectores sobre la deuda externa y
los derechos humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en abril de 2012[i] y
profundizados en amplios trabajos posteriores.
Al referirse expresamente a la sostenibilidad de la deuda, señala que
“las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda no deben limitarse a los aspectos
económicos (las perspectivas de crecimiento económico del Estado deudor y su
capacidad para cumplir sus obligaciones de servicio de la deuda) sino que
también deben tener en cuenta los efectos de la carga de la deuda en la
capacidad del país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
crear las condiciones para la realización de todos los derechos humanos.”
Afirma a la vez que “esas evaluaciones deben ser realizadas por un órgano
independiente…”.[ii]
Es en ese espíritu que
ofrecemos las siguientes propuestas iniciales, con la plena convicción además que
cualquier intento de resolver la problemática de la Deuda pública argentina,
buscando su mera sostenibilidad, fracasará nuevamente si no se pone en el
centro la necesidad y urgencia de saldar la Deuda social e histórica, la Deuda
ecológica y climática, la Deuda de género y la Deuda democrática que también se
sigue acumulando con el pueblo argentino al priorizar los reclamos de algunos supuestos
prestadores por sobre los Pueblos y la Naturaleza, reales acreedores.
1-
Hacer
extensivo al conjunto del pueblo acreedor de grandes deudas públicas
argentinas, la consulta respecto a cómo resolver esta grave problemática. A través de la participación activa y
vinculante de la enorme diversidad de organizaciones populares existentes, que
se abocan entre otros a la defensa de los derechos humanos, de la niñez, de las
mujeres, de los sin techo, del agua, los suelos y la biodiversidad, de los
pueblos originarios, del campesinado, de las personas trabajadoras, jubiladas y
pensionadas, contra la contaminación y todas las formas de “endeudamiento
forzado”, sería posible establecer metas comunes y la fuerza y legitimidad
necesarias para hacer frente a las pretensiones desmedidas, usurarias y muchas
veces fraudulentas e incluso odiosas, de otros supuestos prestadores.
2-
Asegurar la realización
de una investigación integral, o auditoría, con participación ciudadana
independiente, de los reclamos de deuda pública argentina y de los acuerdos firmados con el FMI, a fin de establecer la
legitimidad y legalidad de los mismos. Según también resaltan los Principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos[iii],
la auditoría debe incluir el establecimiento de un registro público y
transparente de les supuestes prestadores, el origen y estado de sus reclamos, el
uso y consecuencias de los mismos, los pagos y otros beneficios ya cobrados y
toda otra información pertinente al respecto. Deben abrirse los archivos del
Estado y de otros responsables, para que quede claro y público toda la
información relativa, entre otros, al traspaso de deudas privadas al erario
público, las deudas tomadas por empresas estatales durante la última dictadura
cívico-militar-eclesiástica y posterior a ésta, su uso y responsables que lo
permitieron. Debe incluirse la sobrecarga de toma de deuda por las provincias, así como también la identificación de los funcionarios argentinos,
extranjeros y de los bancos y organismos internacionales de crédito,
responsables.
3-
Suspender
todo pago de intereses, comisiones, multas y amortizaciones sobre la deuda
pública financiera, y el cumplimiento de cualquier acuerdo o condición
relacionada incluyendo los acuerdos firmados con el FMI, mientras no se haya completado
la auditoría respectiva y quede establecido la legitimidad, legalidad y
prioridad de cada reclamo.
4-
Establecer un
claro plan de pagos, que refleje la prioridad del cumplimiento con los Derechos
Humanos de la población y de la naturaleza y el resarcimiento de la Deuda
acumulada con ellas, así como también la justa decisión de no pago, sanción y
reparación de los reclamos de deuda ilegítimos o ilegales.
5-
Devolver al
parlamento argentino, para su plena recuperación y ejercicio, las
responsabilidades constitucionales que le cabe con respecto a la gestión del
crédito de la Nación.
6-
Establecer
como norma la realización de un Estudio del impacto en materia de derechos
humanos y derechos de la naturaleza de los proyectos de Presupuesto elaborados por el Ejecutivo para
su aprobación parlamentaria, así como también en relación a los Informes de
Ejecución presupuestaria. Los mismos deberían incluir un
proceso amplio de consulta y participación social.
7-
Establecer
del mismo modo, la exigencia de realización y aprobación previa de un Estudio
de Impacto sobre los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza respecto a
todo proyecto de endeudamiento y/o acuerdo de préstamo condicional, incluyendo
los términos y condiciones de su pago y/o cualquier plan de reestructuración o
reperfilamiento de deudas y esquemas de pago.
8-
Asegurar la realización de un
Estudio y evaluación pública con consulta social participativa, del impacto en
materia de derechos humanos, incluyendo los derechos de los pueblos y de la
naturaleza, de la membrecía de Argentina en el Fondo Monetario Internacional,
con vistas a determinar la contribución, o no, de esa membrecía y la permanencia,
o no, de la Argentina.
Señores Ministro,
Secretario y Subsecretario, como señalamos al iniciar este mensaje, lamentamos
que el poco plazo establecido y la época de año han dificultado la preparación
de una contribución más amplia y participada en este primer momento. Por
nuestra parte quedamos comprometides en seguir profundizando las observaciones
y propuestas aquí adelantadas, junto a otras organizaciones del quehacer
respectivo, con vistas a seguir contribuyendo al establecimiento de principios
y procedimientos que coadyuvan al cumplimiento de nuestros derechos humanos y
los derechos de la naturaleza y la determinación de un marco subsidiario que
regula los procesos de endeudamiento y desendeudamiento argentinos.
Sin otro particular,
saludamos a la espera del inicio de un intercambio fructuoso al respecto.
-Buenos Aires, 3 de enero de 2020
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Beverly Keene, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
Coordinación Nacional, Fundación Servicio Paz y Justicia