Sentencia, Tribunal ético sobre la Deuda Externa y las Políticas de Ajuste Neoliberal
AUTOS Y VISTOS:
Que, el Tribunal Etico se constituyó en el día de la fecha, en juicio oral y público, en el Centro Cultural Gral. San Martín, salas A-B de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, convocado por un amplio número de personalidades y organizaciones sociales de diversa índole,entre ellas Adolfo Pérez Esquivel, Obispos Aldo Etchegoyen y Federico Pagura (Iglesia Evan. Metodista Argentina), P. Luis Farinello, Mons. Miguel Hesayne, Mons. Jorge Novak, Mons. Pedro Olmedo, Hna. Marta Pelloni, Pastores Juan Pedro Schaad y Juan Abelardo Schvindt (Iglesia Evan. Río de la Plata), Leon Gieco, Víctor Heredia, Hamlet Lima Quintana, Enrique Oteiza, Teresa Parodi, Piero, Ernesto Sábato, Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Asociación Americana de Juristas, ATTAC, Cátedra de Cultura por la Paz y los DD.HH. (Cs. Soc.), Cátedra Libre sobre Derechos Humanos y Poder Económico (Cs.Econ.), Cátolicas por el Derecho a Decidir-Argentina, CEASOL, C.C. Armando Tejada Gómez, Cen. de Jub. de Palermo, Centro Nueva Tierra, CONFAR, Consejo Latinoamericano de Iglesias-Región Río de la Plata (CLAI), CTA, CTERA, DIALOGO 2000, DIALOGO 2000–Mendoza, El ágora de Bs.As., Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, FEDEFAM-Argentina, Foro de Instituciones Intermedias del Oeste (Partido de Morón), Foro Multisectorial de la Justicia de Goya (Corrientes), Foro para la Participación Ciudadana en las Políticas de Desarrollo, FUNDAPAZ, Grupo Caminantes, Grupo Obispo Angelelli-Rosario, Grupo Sacerdotal Enrique Angelelli, grupos barriales y comunidades parroquiales de base (Córdoba), Jóvenes Cristianos Independientes de Avellaneda, Madre Tierra, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Madres de Detenidos-Desaparecidos de Ledesma (Pcia. Jujuy), Mesa Coordinadora Nacional de Centros de Jubilados y Pensionados, MOPASSOL, Polo Social, Red de Fe y Política, Ser.Cu.Po.–Lomas de Zamora, SERPAJ, Tiempo Latinoamericano y Visión 12 Quilmes.
Que, realizó su labor en función del objetivo común de juzgar a la Deuda Externa y las políticas de ajuste implementadas en la Argentina, a sus responsables y beneficiarios, como así también, por la relación directa con el incremento de las Deudas Sociales, Históricas y Ecológicas, de las cuales el pueblo es acreedor. Asimismo, de contribuir al fortalecimiento del reclamo nacional, latinoamericano y mundial, por la anulación y repudio de las políticas de ajuste neoliberales y de aquellas deudas inmorales, ilegítimas e impagables, cuyo servicio ensombrece el presente y futuro de las naciones del Sur, y de aportar a la construcción de alternativas de Vida, Justicia y Paz.
Que, habiéndose celebrado Audiencias previas en distintos lugares y fechas, donde se constituyeron miembros de este Tribunal y/o de la Fiscalía, con el objeto de recepcionar denuncias, testimonios, dictámenes de peritos y diversos medios de prueba, aportados por organizaciones sociales, como así también por ciudadanos y ciudadanas independientes y que este Tribunal ha incorporado a la presente causa.
RESULTA :
Que, con la apertura del Tribunal, se presentaron diversas personas y organizaciones a los efectos de denunciar y aportar nuevas pruebas, acerca del Costo Humano, Social y Ecológico de la Deuda Externa y las Políticas de Ajuste Estructural para con, entre otras, las personas jubiladas y pensionadas, los pueblos indígenas, la juventud, sectores carenciados urbanos, pequeños productores rurales, el medio ambiente, la salud, trabajadoras y trabajadores y familiares de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar.
Que, se recibió como prueba diversa documentación presentada por escrito, mediante soporte magnético y fílmica, entre ella la denuncia efectuada por el ciudadano Alejandro Olmos en 1997, ante el Tribunal Autónomo del Pueblo; la Sentencia y todo lo actuado en la causa judicial N° 14.467 radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 , Secretaría N° 4 y de la cuál surge el carácter ilícito del proceso de endeudamiento; y el Informe del Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano “La Deuda Externa ante el Derecho Internacional Público”, sobre el alza unilateral de las tasas de interés ocurrida a principios de los años 80 y sus implicancias con respecto a la licitud de la Deuda Externa.
CONSIDERANDO:
Que, se puso de manifiesto la grave situación social que vive el pueblo argentino, que se constituye en un verdadero genocidio, donde mueren a diario 55 chicos por hambre y otras causas evitables; las personas con problemas laborales entre desempleo y subempleo suman casi 5 millones, lo que representa aproximadamente la mitad de la población económicamente activa; la brecha existente entre el 10% más enriquecido de la población y el 10% más empobrecido se ha duplicado desde 1974, llevando a que los primeros reciben 24 veces el ingreso de los segundos; el aumento de las muertes por indigencia y carencia de asistencia de salud; se expande la desigualdad de oportunidades de acceso a la educación, la sobre explotación de los recursos naturales, la discriminación y xenofobia, el avasallamiento cultural, el descreimiento institucional y la violencia social.
Que, el proyecto de presupuesto para el año 2001, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, destina más de $11.000 millones, casi una cuarta parte de las partidas totales de gastos, al pago de intereses de la Deuda Externa.
Que, en el primer semestre de este año, sin contar los intereses de la deuda, el gasto fue de $18.993 millones, es decir $93 millones menos que los erogados en igual período de 1999. Pero esa reducción del gasto quedó anulada porque se pagaron $588 millones más en intereses, lo cual hizo crecer el gasto total en 496 millones. Entre los recortes efectuados para poder incrementar el pago de los intereses, se incluyen 28 millones menos en sueldos, 50 millones menos del Plan Trabajar, 18 millones menos del subsidio a la pobreza, 15 millones menos para las enfermedades de alto riesgo, 14 millones menos para proyectos de innovación tecnológica, 24 millones menos para infraestructura y equipamiento escolar, 9 millones menos para infraestructura básica social en las provincias, y 8 millones menos para la prevención y el control de las enfermedades, 5 millones menos para la atención de la madre y el niño y 3 millones menos para el sida.
Que, se constató la relación existente entre la Deuda Externa y la Deuda Social con nuestro pueblo, estableciendo una relación directa entre el incremento de la primera y el crecimiento de la segunda, en los últimos veinte años.
Que, el sistema tributario favorece solamente a los más ricos y no existe ningún control sobre el movimiento de capitales hacia el exterior, calculando en más de 100.000 millones de dólares, lo depositado por argentinos en el exterior, lo que resulta una enorme desproporción si se lo relaciona con los 86.000 millones depositados en el país.
Que, se puso de manifiesto la relación causal existente entre la Deuda Externa y la discriminación, marginación, exclusión y pobreza que sufren los pueblos indígenas, no dándose cumplimiento a lo establecido por la Constitución Nacional, ni a los pactos internacionales firmados por el país, al dejar de dictarse leyes o asegurar su implementación, porque afectarían los intereses de grupos empresarios multinacionales, de origen local o internacional, precisamente, grupos que resultan beneficiarios directos e indirectos del proceso de endeudamiento externo.
Que, también se puso de manifiesto la dependencia existente de las políticas de salud respecto a la deuda externa, mediante las condiciones establecidas por el Banco Mundial para las distintas líneas de crédito, por una parte, y por la falta de recursos genuinos suficientes, para atender la salud de la población. Además que, la adquisición de fármacos como de equipamiento hospitalario, debe efectuarse obligatoriamente en el exterior, con grandes sobreprecios, por haber resultado destruida la industria local, con las consecuencias que son de público conocimiento.
Que, graves daños ecológicos se producen en función de la promoción de una economía y modelo de país, que da prioridad a la exportación de productos primarios, la mercantilización de la naturaleza y de todas las relaciones y el consumismo desmedido, sin importar el costo social y ambiental. Del mismo modo, la degradación de la vida y el futuro de los pequeños productores del campo, arrasados por los grandes intereses comerciales, ante la desprotección social, política y legal.
Que, las consecuencias de la Deuda Externa y de las políticas de ajuste estructural inciden desproporcionadamente en la vida y bienestar de las mujeres. Quedaron en evidencia, los efectos negativos que resultan de los recortes efectuados en los servicios públicos, así como la feminización de la pobreza que forma parte del modelo de sociedad promovido por los centros de poder financiero y que proyectan profundizar a través de la aplicación de las políticas de liberalización del comercio.
Que, la Deuda Externa y los Ajustes han influido sobre la democracia y nuestra identidad cultural, ya que la desinformación generada por los medios de comunicación, dominados y relacionados con los grupos financieros, vulnera el derecho que tiene el ser humano a la información, que es un derecho a la supervivencia, en la medida que pertenece a una cultura cuyo discurso dota al individuo de conciencia y dignidad. En consecuencia, han retornado en los últimos tiempos varios fantasmas del pasado, como son la violencia, el racismo, la xenofobia, el hedonismo, la ostentación, la frivolidad, el consumismo, la desesperación y el vicio, frutos inevitables de la falta de contenido y la distorsión de la información.
Que, el proceso de endeudamiento ha condicionado la política interna y externa de nuestro país, al punto tal que el propio presupuesto nacional es revisado en los EE.UU., por los organismos financieros internacionales, a los efectos de que se cumpla con el pago de los servicios de la Deuda Externa y otras condiciones impuestas por los organismos multilaterales de crédito y los centros financieros.
El proceso de endeudamiento ha sido ilegítimo y fraudulento.
Que, con la dictadura militar que gobernó desde 1976 hasta 1983, se inició el plan de destrucción del movimiento obrero argentino y la desindustrialización del país, a través de las políticas de endeudamiento y ajuste.
Que, eran diversas las maniobras utilizadas para incrementar la deuda externa, además de la ilegitimidad originaria del régimen de facto. Entre ellas se destacan:
1) Contraer deudas sin poderes legítimos.
2) Crear artificialmente deudas sin una contraprestación.
3) Modificar la legislación, para favorecer dichas maniobras.
4) Pactar en forma ilegal, condiciones onerosas de deudas innecesarias.
5) Utilizar estas maniobras para endeudar innecesariamente a Empresas del Estado y justificar su posterior liquidación, entre ellas a YPF, Entel y Aerolíneas.
6) Otorgar avales indiscriminados a privados y luego no promover los reclamos legales ante el incumplimiento.
7) Haber transformado la deuda privada en pública.
Que, para asegurar la Impunidad de estas maniobras se modificó el código procesal, para que se pudiera prorrogar la jurisdicción en jueces extranjeros. Además se modificó la ley que establecía la incompatibilidad entre funcionario público y mandatario de intereses extranjeros.
Que, se puso de manifiesto la responsabilidad directa en este proceso, en primer lugar, de los Ministros de Economía José A. Martínez de Hoz y Roberto Alemann; el Secretario de Programación y Coordinación Económica Guillermo Walter Klein; Domingo F. Cavallo, José Luis Machinea y a todos los Directores y funcionarios jerárquicos del Banco Central; para quienes se solicitó el máximo de la pena y la obligación de responder con los bienes personales por los perjuicios denunciados. Asimismo quedó establecido que, aparte de la falta de decisión del Poder Ejecutivo, ningún arreglo podrá hacerse, mientras continúen las autoridades económicas, autores, copartícipes o cómplices de los hechos delictuosos denunciados.
Que, este proceso de endeudamiento externo formó parte del accionar de un Terrorismo Financiero en la Argentina, que sirvió para abrir las puertas a la Banca Internacional entregándole nuestro patrimonio; permitiendo la fuga de divisas al exterior, estimada en más de 100.000 millones de dólares, y llevar adelante un proceso ilegítimo e ilegal de privatizaciones de las empresas públicas, en el cual se utilizaron, hasta en algunos casos, títulos falsos de la deuda pública.
Que, quedó debidamente establecido la necesaria relación entre el Terrorismo del Estado ejercido por el gobierno de facto y la instauración de este Terrorismo Financiero, la que además contó con la participación y/o complicidad de importantes actores de la vida económica, social, cultural, política y religiosa del país.
Que, se utilizó el Terrorismo de Estado, como así también el Terrorismo Financiero, para disciplinar a la sociedad. Que este proceso no ha terminado, y que siendo de la Deuda Externa total de la Argentina el 40% privada, es necesario estar alertas, ya que es de esperar una nueva estatización de esta deuda, como en casos anteriores, así como el recrudecimiento de las formas y estrategias de represión y control social.
Los responsables por el delito de la Deuda Externa en el período 1983/2000.
Que, las renegociaciones de gobiernos constitucionales y los planes de ajuste, desde el punto de vista económico, social y político, son continuadoras de las políticas del período anterior y constituyen la realización de aquellos riesgos creados,gracias al encubrimiento, incumplimiento y abuso de autoridad de gobernantes y funcionarios de los gobiernos constitucionales.
Que, en tres momentos culminantes, se puso a prueba la decisión soberana de pagar solo lo que se debe y en cada uno de ellos el Estado argentino fue nuevamente endeudado en miles de millones de dólares, mediante:
1. La estatización formal de la deuda privada externa en 1985, por el Banco Central de la Nación.
2. El Plan Brady a partir de 1989.
3. Las privatizaciones de las empresas del Estado desde 1992.
Que, la estatización de la deuda privada se llevó adelante mediante diversas maniobras absolutamente defraudadoras; como la de no registrar la deuda externa (privada o pública); obligar al Estado, otorgando avales y garantías a empresas privadas, endeudadas solo para especular; y finalmente, pagar esas mismas deudas, pese a que el dinero obtenido de aquellos préstamos solo engrosó el bolsillo de algunos pocos empresarios. Maniobras ejecutadas principalmente por funcionarios del Banco Central y el Tesoro Nacional, pero de cuya decisión participaron las más altas autoridades del país.
Que, respecto de las empresas endeudadas con la banca exterior, entre otras Acindar, Papel de Tucumán-Grupo Bridas-, Austral, Interama, Autopistas Urbanas, Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray, Cementos Noa, que garantizaron el pago de sus deudas con “avales” extendidos por el Tesoro Nacional, éstos fueron otorgados “sin estudiar las posibilidades de cumplimiento por parte del avalado, sin establecer el beneficio de excusión”, “sin registrarse los destinos para los que fueron empleados los fondos”. Esto es relevante, si tomamos en cuenta que solo un pequeño porcentaje se destinó a la compra de insumos industriales y el resto fue invertido, en especulación financiera en el orden nacional e internacional.
Que, vencidas las obligaciones y ante el incumplimiento, la Nación debió responder por las garantías comprometidas y pagó o refinanció el compromiso mediante el uso de títulos públicos.
Que, los “avales” y su refinanciación constituyeron “un subsidio público a titulares de deuda con el exterior o en moneda extranjera, operados por el sector privado de la economía”.
Que, algunas de esas empresas eran filiales deudoras de multinacionales, con lo cual parte de la deuda privada estatizada pertenecía a las multinacionales, lo que constituye un verdadero e ilegal subsidio a las mismas.
Que, los llamados “Autopréstamos”, consistieron en sacar divisas del país y reingresarlas como “préstamos del exterior”, recibiendo el beneficio de los “seguros de cambio”, operaciones concertadas por los deudores de préstamos con el Banco Central, mediante las cuales éste les garantiza la venta de divisas a una tasa de cambio pactada. De este modo los supuestos deudores dispusieron de divisas en el exterior y luego, en 1983 por sucesivas resoluciones del Banco Central, se beneficiaban con los “seguros de cambio” o los “títulos del Estado”.
Que, en relación a la inexistencia de deudas declaradas y los autopréstamos, una lista de empresas aparecen involucradas: Cogasto (subsidiaria de una empresa holandesa Necap B.V. que figuraba como acreedora de la deuda externa), Renault Argentina SA, Cargill SA, Petrolera Pérez Companc, Fiat, Isin (vinculada al grupo Macri y a la Fiat), entre otras.
Las Renegociaciones.
Que, el gobierno del Pdte. Alfonsín, dejando de lado su promesa de “depurar” las obligaciones legítimas de las ilegítimas, puso Punto Final al trámite de esclarecimiento y separación de la deuda externa, mediante las Comunicaciones A-695, A-696 y A-697 del Banco Central, desobligando al deudor privado argentino.
Que, por su parte, el Congreso de la Nación también puso Punto Final al tema de la Deuda Externa, dándole término al debate realizado durante los meses de marzo y abril de 1986, por entender que era materia delegada en el Banco Central, olvidando que esa materia es “indelegable” según lo establece el art. 76 de la C.N.-
Que, como corolario de todo lo mencionado, fue la decisión adoptada en 1989 por el nuevo Presidente del Banco Central, de cerrar definitivamente la investigación sobre el sector privado de la deuda externa, que por entonces ya había sido estatizada. El Dr. Javier González Fraga, consultor del Banco Mundial, del FMI y de otros acreedores internacionales, había sido colocado por el flamante Presidente Menem en dicho cargo y con su accionar se consumó la Impunidad y el perdón a favor de los especuladores locales e internacionales.
Que, respecto del Plan Brady, la Fiscalía denunció que luego del plan de endeudamiento al que fuimos sometidos los argentinos, parecido al que sufrieron los pueblos de otros países hermanos, como por ejemplo, Ecuador, Angola, Venezuela, Brasil, Chile y Sudáfrica, del cual la Fiscalía recibió también formal denuncia; al sistema financiero internacional se le presentó el problema del cobro, porque la deuda externa creada era enorme y la imposibilidad de su pago se hizo evidente en 1982, cuando México declaró una especie de moratoria unilateral de su deuda. En la generación de esa situación de crisis, fue de importancia decisiva el alza descomunal de las tasas internacionales de interés, operada unilateralmente por los acreedores, sin posibilidad de incidencia o control por parte de los países que fueron obligados a endeudarse como la Argentina.
Que, a los efectos de la refinanciación general, desde Washington se proponen y luego se imponen dos planes: el Baker y el Brady, referidos al ajuste de las cuentas externas de los países deudores y luego de sus cuentas públicas internas, las privatizaciones de las empresas estatales, la desregulación y la apertura total de la economía.
Que, en 1989 el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady, se fija como objetivo la renegociación de la deuda con los bancos privados extranjeros.
Que, en la negociación de la deuda argentina, nuevos compromisos y préstamos fueron contraídos para garantizar el pago de los intereses, en lo que se vieron beneficiados:
a) Los acreedores: cambiaron los viejos papeles de la deuda, cotizados en el 12% de su valor nominal, por otros en los que se reconocía el 100% o el 65% de aquellas deudas. En segundo lugar recibieron $1.700 M de una sola vez, en concepto de pago de intereses atrasados y el Estado argentino se endeudó comprando garantías de pago, al Tesoro de Estados Unidos.
b) La Banca Internacional, sobre todo la norteamericana, resolvió el problema del cobro de la deuda de estos países en crisis y la propia, surgida de la política interna de las administraciones Reagan y Bush, ya que el Estado argentino se obligó al pago regular de una deuda ilegítima y fraudulenta en sus orígenes y hasta entonces considerada incobrable.
c) El Tesoro Norteamericano del que Nicholas Brady era el Secretario y David Mulford el Subsecretario, vendió bonos al Estado argentino que sirvieron de “garantía” al pago de la nueva deuda, es decir que financiamos la economía interior de su país, a costa de la nuestra.
d) Los organismo multilaterales de crédito como el FMI o el Banco Mundial, recuperaron su liderazgo mundial en la negociación y contralor del cumplimiento, así como en el diseño de las políticas internas de cada país endeudado.
e) Entre los gestores de la renegociación de la deuda se encuentran Domingo Cavallo y Daniel Marx, hombre del equipo Cavallo, incorporado luego al estudio profesional de Brady en los Estados Unidos y ahora, nuevamente responsable por la contratación y negociación de la deuda argentina. También el Gerente del Sector Externo del Banco Central, el Licenciado Jorge Rodríguez y demás funcionarios del Banco Central y Ministerio de Economía.
Que, las privatizaciones estuvieron desde su origen absolutamente relacionadas con el endeudamiento externo, al punto tal que aquellos que nos endeudaron son los que se quedaron con las empresas estratégicas del país.
1- Los dólares pagados como supuesto efectivo fueron depositados en Estados Unidos, no en el país.
2- Solo parte de ese efectivo fue abonado al principio y otra parte igual (214 Millones de dólares en el caso de Entel y 130 M en el caso de Aerolíneas) lo fue en el plazo de 5 años, con recursos propios de la empresa vendida.
3- Los títulos de la deuda externa utilizados para la compra de las empresas del Estado fueron reconocidos a su valor nominal y no al que tenían en el mercado, cotización que oscilaba entre el 12 y 15% del nominal.
4- La venta de Entel se hizo sin inventario pero su activo superaba los 10 mil Millones de dólares.
5- La venta de Aerolíneas Argentinas también fue irrisoria: los derechos de ruta por 60 millones y cada Jet 707 se valuó a 1,54 dólar (un dólar y medio).
6- Las empresas fueron entregadas libres de deudas. Es decir que solo se compraron los activos, absorbiendo el Estado los pasivos. En el caso de Aerolíneas esto significa que en este negocio la inversión del Estado superó 1.100 millones, mientras que el particular hizo una inversión de 433 millones de dólares, 220 millones en billetes a pagar en un plazo determinado y 60 millones para comprar bonos que cotizaban en el 12% de su valor nominal, con los cuales capitalizó 213 millones. Con esto el socio privado se apropió del 85% de la empresa libre de pasivo, del 85% de las ganancias (que por el año 89 rondaba los 26 millones de dólares).
7- El Estado garantizó por Entel una rentabilidad del 16% sobre su valuación y no sobre lo invertido, obligándose de este modo a subsidiar a la empresa privatizada.
Responsabilidad de la Banca Acreedora y otras entidades de crédito.
Que, se puso de manifiesto la reiterada contratación de créditos en violación de la normativa que rige en toda operación de préstamo bancario, en cuanto a la capacidad del deudor. En todos los casos se violó el art. 67, inc. 3, (actualmente art. 75, inc. 4) de la Constitución, que establece que corresponde al Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”.
Que, la responsabilidad de los funcionarios de la Banca y de ésta, por la culpa in eligendo, al otorgar créditos a un gobierno usurpador, obliga a condenarlos al reintegro de todas las sumas percibidas, en el caso de la deuda contraída durante la dictadura militar, siendo manifiesto que los representantes del Estado Nacional carecían de los atributos constitucionales necesarios para su legitimidad. Ello conlleva, la nulidad absoluta de esos contratos, la no exigibilidad del pago y la responsabilidad de quienes representando al Estado Nacional, pagaron y siguen pagando.
Que, surge la responsabilidad del FMI y el Banco Mundial por haber estimulado el endeudamiento en beneficio de la Banca, por el monitoreo realizado en las políticas en lo económico-social, aplicadas por los sucesivos gobiernos, en representación de dicha banca, otorgando preeminencia absoluta al pago de los intereses de la deuda, en detrimento de las obligaciones propias y de los Estados en materia de derechos humanos.
Que, la actuación de los funcionarios del FMI y del Banco Mundial es contraria a sus propios estatutos, y esa violación genera su responsabilidad, porque en la administración de los organismos intergubernamentales, también rige el principio de legalidad y no el de Obediencia Debida, así como la responsabilidad de los gobiernos que tienen capacidad de decisión dentro de ambas instituciones, y determinan sus políticas.
Que, en resumen, lo que se verifica es la existencia de un plan delictivo que mediante las maniobras defraudadoras descriptas, tuvo por finalidad beneficiar a un grupo de empresarios en desmedro del patrimonio del Estado, el cual fue obligado abusiva y desmedidamente.De ese plan participaron, de 1976 en adelante, los integrantes de las Juntas Militares, los presidentes Alfonsín y Menem, los Ministros y funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Economía, quienes en algunos casos por acción y en otros por omisión, abusaron de su función de administradores del patrimonio nacional. En ese plan confluyen tanto el delito de asociación ilícita, así como el de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude contra el comercio y la industria, entre otros. En calidad de partícipes necesarios, también son responsables las empresas involucradas, la Banca internacional, sus intermediarios, las instituciones financieras internacionales y los países acreedores
Que, se constata una continuidad perfecta desde 1976 hasta el presente, en lo que concierne a política financiera y la deuda externa. No se trata de casualidades, tampoco de una crisis económica continuada. Mucho más que una crisis económica, es la instalación de un desorden establecido.
Que, la Nación Argentina ha dejado de tener política económica; no tiene otra que el mero pago de la deuda externa a la que se subordina toda la conducta del Poder.
Que, en suma, la sumisión a la Deuda Externa y a las políticas de ajuste consecuentes está vaciando la acción del gobierno en una medida de autodestrucción nacional.
Por todo ello, el Tribunal Etico sobre la Deuda Externa y las Políticas de Ajuste Neoliberal, habiendo decidido aplicar en todo lo que resulte compatible con el desarrollo, procedimiento y naturaleza de un Tribunal de Conciencia y Opinión, todos aquellos criterios éticos fundamentales, los principios generales del derecho, la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio, como así también, las normas sobre derechos humanos de carácter regional e internacional,
RESUELVE:
DECLARAR la nulidad e inexistencia, por su origen fraudulento, ilegítimo e ilegal, así como por sus consecuencias injustas e inhumanas, de toda la deuda externa pública de la Nación Argentina.
CONDENAR a los responsables de los ilícitos cometidos, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan, a la reparación de toda la deuda social, histórica y ecológica, e indemnizar los daños materiales y morales causados al pueblo.
CONSIDERAR a los responsables indicados como traidores a la patria y declararlos inhábiles a perpetuidad para el ejercicio de toda función pública y de dirección de organizaciones sociales;
CONDENARLOS al pago de la deuda social y ecológica que los países centrales, los organismos multilaterales de crédito, la banca internacional y las minorías que detentan el poder financiero, económico y político, nacionales y extranjeras, mantienen históricamente con nuestro pueblo y que se continúa incrementando constantemente.
INSTAR Y CONTROLAR la investigación parlamentaria de la Deuda Externa, y requerir la suspensión de todo pago por capital o intereses de la misma, hasta tanto se realice una auditoría y se agote la investigación. Ello impone la no aprobación de cualquier partida que se incluya en el Presupuesto nacional, destinada al servicio de la deuda.
COMUNICAR esta Sentencia y los antecedentes y elementos probatorios que la acompañan, a las diversas instancias institucionales nacionales, regionales e internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Latinoamericano, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y UNESCO.
PROMOVER en nuestras propias organizaciones y en la sociedad en su conjunto, la difusión y conocimiento de este Tribunal y Sentencia; desarrollar una estrategia de conjunto, para poner fin al flagelo que representan la Deuda Externa y las políticas de ajuste neoliberales y revertir sus consecuencias, buscando involucrar a todas las organizaciones y movimientos populares, instituciones de bien público, universidades públicas y privadas, centros de investigación de todo el país, grupos religiosos, organizaciones gremiales, empresariales y políticas, y personalidades sobresalientes de las ciencias, las artes y las actividades culturales en general.
IMPULSAR la realización de una Consulta Popular sobre el no-pago de la Deuda Externa ilegítima, como ocasión para una reflexión y debate público exhaustivo, que llegue a todos los sectores y rincones del país, a través de mesas de debate en todos los medios sociales y actividades profesionales, laborales y empresarias. Trabajar con vista a esa Consulta Popular, para ayudar a superar la crisis de legitimidad existente en la vida pública argentina, a través de la Opinión públicamente expresada de la población, que luego será informada y sometida a la ulterior decisión del Congreso.
CONTINUAR Y PROFUNDIZAR la investigación, a fin de identificar y determinar el grado de participación de cada uno de los funcionarios y empresas intervinientes en el proceso de endeudamiento; convocando a la sociedad a participar y apoyar la actividad de la Fiscalía Popular Permanente, con el objeto de encontrar más medios de prueba y fundamentos que permitan impulsar denuncias y/o querellas, tanto en futuras sesiones de este Tribunal, como en otras instancias judiciales y no-judiciales, sobre el objeto de este juicio y de toda otra materia que resulte de interés para el esclarecimiento y condena de los responsables, en todos los niveles y a la reparación del daño cometido.
PROMOVER ante los poderes ejecutivos y legislativos, de nuestro país y del continente, la formulación de una solicitud a la Corte Internacional de la Haya, para que emita una opinión consultiva acerca de la legalidad de la Deuda Externa.
UNIR nuestras fuerzas junto a las de los pueblos hermanos de América Latina, Africa y Asia, hacia la consolidación de un movimiento de amplia adhesión, que contribuya solidariamente a alcanzar la meta proyectada:
POR UN NUEVO MILENIO SIN DEUDAS NI EXCLUSION
Dada en Buenos Aires, Argentina, el 21 de septiembre de 2000,
Adolfo Pérez Esquivel, Presidente
Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas Mons. Miguel Hesayne
Madres de Plaza de Mayo, L.F. Exobispo de la Diócesis de Viedma
Victor De Gennaro Hugo Moyano
Secretario General, Secretario General,
Central de TrabajadoresArgentinos Conf. General del Trabajo
P. Eduardo De la Serna Marta Maffei
Grupo de Sacerdotes que trabajan desde Sec. Gral., Conf. de Trab.
Una Opción por los Pobres de la Educ. en la Rep. Arg.
Obispo Aldo Etchegoyen Amalia Quiñones
Iglesia Evangélica Metodista Comun. Ecles. de BaseArgentina La Cava, San Isidro, Bs.As.
Rabino Daniel Goldman Pastor Juan P. Schaad
Comunidad Bet-el Pdte., Iglesia Evan. del Río de la Plata
FISCALÍA POPULAR: Dr. Ricardo Molinas, Dra. Vilma Bisceglia, Dr. Beinusz Szmukler
SECRETARIA: Dr. Carlos H. Juliá, Dr. Horacio Ravena
DENUNCIANTES, TESTIGOS Y PERITOS: Norberto Acerbi – Donna Andrews (Sudáfrica) - Olga Arédez - Ariel Basteiro – Antonio Brailovsky - Stella Calloni – Diego Chichizola – Luis Donikian – Carlos Emérito González - P. Luis Farinello – Jaime Fuchs –Fabián Gaitán – Julio Gambina – Jacob Goransky - Juan Carlos Martínez - María Elba Martínez – Elisa Matta – Mesa Ncl. de Org. de Pequeños Productores - Eva Mora – Rubén Mosquera – Carlos Pellegrini - Hna. Marta Pelloni – Coral Pey (Chile) - Ivo Poletto (Brasil) Jorge Rulli – Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina