Canje de deuda por acción climática: ¿solución o trampa?
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Con la pandemia de COVID-19 se acentuaron las crisis de deuda ya en ciernes. Sin ir más lejos, entre 2019 y 2020, en América latina y el Caribe la deuda pública reclamada a nuestros pueblos aumentó del 69% al 79% del Producto Interno Bruto y creció el número de países con programas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) – un indicador general para el mercado financiero de dificultades potenciales para cobrar. Aumentaron también los incidentes de clima extremo, multiplicando la demanda de financiamiento en los países del Sur global para poder protegerse, prevenir y responder a los desastres.
En este contexto distintas voces se alzaron para proponer mecanismos de “alivio” y de financiamiento “innovadores”, y apareció en escena la idea de impulsar canjes de deuda, ligados de alguna manera a una noción poca precisa de “acción climática”. Ha sido presentada como una propuesta donde todxs ganan: los países con problemas de deuda pagarían menos y dispondrían de más recursos para hacer frente a la emergencia climática, y los prestamistas tendrían asegurados sus capitales.
¿Sería tan así? ¿De qué se trata? ¿Se abre una oportunidad para encarar las inversiones y transiciones económicas, energéticas y socioecológicas pertinentes, recuperando soberanía y márgenes de autonomía? En ese caso, ¿qué faltaría para fortalecerla y tornarla realidad? ¿O es solo blablablá, más de lo mismo en el camino de la mercantilización de la naturaleza y el “verdecer” de una economía regida por el despojo, la acumulación y la desigualdad?
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