La Ley de Glaciares No Se Toca
En Audiencia en la Cámara de Diputados, el viernes 6/3, la referente de la Autoconvocatoria Beverly Keene (Diálogo 2000) intervino brevemente para exponer los ejes principales del posicionamiento del espacio ante el intento oficial de vaciar la Ley de protección de los Glaciares y del Ambiente periglacial. A continuación, compartimos el texto completo de la presentación.
La Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda es un espacio plural y abierta de lucha frente a la estafa de una Deuda pública ilegítima y odiosa y sus innumerables consecuencias en la vida cotidiana del país, sus pueblos y naturaleza. Somos parte de la Campaña plurinacional La Ley de Glaciares No Se Toca, junto a decenas de Asambleas, comunidades indígenas y organizaciones diversas que desde que el gobierno anunció su intención de vaciar la ley de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, venimos articulando. En varias oportunidades, como la semana pasada ante el tratamiento del proyecto en el Senado, logramos una acción coordinada en más de 30 localidades del país. Agradecemos la oportunidad de exponer en esta Audiencia hoy.
Acompañamos y suscribimos las consideraciones y críticas ya ofrecidas en esta Audiencia. Hacemos nuestra, y la incluimos en esta presentación, la Carta dirigida a les Senadores por integrantes de la Autoconvocatoria como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, SERPAJ y Diálogo 2000, junto a otros espacios. Y como lo hizo Nora Cortiñas, una de las fundadoras de esta Autoconvocatoria, en medio de la lucha que llevó en 2019 a la plena ratificación de la ley vigente por el Tribunal Supremo de Justicia, seguiremos afirmando en las calles y todo otro lugar que “La Ley de Glaciares No Se Toca.”
Rechazamos el intento de modificación por constituir un retroceso inadmisible del nivel de protección mínima vigente, por violar la Constitución y numerosas obligaciones nacionales e internacionales del Estado argentino derivadas, entre otros, del Tratado de Escazú, el Convenio 169 de la OIT y diversos Tratados de Derechos Humanos como señalan Relatores del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos en su comunicación reciente al país.
Lo rechazamos por no haber garantizado la debida consulta a los pueblos y comunidades afectades, y por carecer de todo sustento los argumentos presentados a su favor. Lejos de garantizar seguridad jurídica para los inversionistas – objetivo de por sí cuestionable – el desguace de esta norma de protección abrirá una etapa de conflicto social y jurídico aún más intensa. Asimismo, que se escuchen las voces de las Asambleas de Jachal y de Andalgalá, entre tantas otras, para desmentir las promesas siempre fantasiosas de empleo, bienestar y desarrollo. La experiencia argentina y mundial señala que la megaminería trae beneficios a unos pocos y pobreza, enfermedades, depredación ambiental y represión para las comunidades afectadas.
Rechazamos la reforma en ciernes porque busca “adecuar” la protección de estos bienes comunes vitales, del agua y los ecosistemas que nutren, a la sed de ganancias de unas pocas empresas y los gobernadores y legisladores que han captado para defender sus intereses. Imposible. Hablamos en concreto de empresas megamineras como Barrick Gold, Glencore, BHP, Lundin, Río Tinto, Solway… empresas que ni aquí ni en ningún país del mundo, responden por los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Responden por sus propios intereses, los de sus financiadores y accionistas. Financiadores y accionistas que incluyen a los mega fondos financieros y bancos como BlackRock y JP Morgan, cuya acumulación de tenencias de bonos de la Deuda argentina les permiten jugar a cuatro manos: exigen promover el extractivismo para asegurar las divisas para cobrar sus cupones, y como accionistas de las mismas empresas promueven el endeudamiento para cubrir su fuga de las divisas producidas. Imponen el RIGI, se eximen de pagar impuestos o siquiera dejar una parte de sus ganancias en el país, no generan empleo y descartan los glaciares.
Rechazamos el desguace de la Ley de Glaciares, además, porque responde directamente a los intereses económicos y geopolíticos de otro país, no del nuestro. Hablamos en concreto de EEUU, que persigue su política imperialista y neocolonial en nuestro país de una manera descarada a través del gobierno cipayo de Javier Milei e iniciativas como esta. El mismo gobierno de EEUU que viene haciendo gala de su violación grave, sistemática e impune del derecho internacional, y que ahora pretende imponer sus intereses en nuestro país a través de una redoblada injerencia económica, política y militar.
Ya vimos los costos de la “ayuda” prestada por EEUU antes de las elecciones en octubre; tenemos su injerencia a través del Comando Sur y las FFAA estadounidenses como actualmente en Ushuaia, y hemos escuchado sus engañosas promesas a través de los Acuerdos de Sometimiento en materia de minerales críticos y entrega comercial, cuya legalidad está cuestionada incluso por la propia Corte Suprema de aquel país. A 50 años de la última dictadura, y a 20 años del entierro del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio en las Américas), tenemos claro que no hay soberanía ni desarrollo posible, federal, incluyente y respetuoso de nuestros derechos y los de la Madre Tierra, bajo la tutela de EEUU.
Para concluir, hablamos en concreto del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otras instituciones financieras internacionales regenteadas por el mismo gobierno de EEUU. Desde que Argentina se hizo miembro del FMI, tras el golpe “Libertador” en el ’55, pasando por su rol de garante de los grandes bancos e intereses económicos que endeudaron la Nación después del golpe del ’76, el proyecto económico del país se mantiene atado, y cada vez más sumergido, por las condiciones que imponen estas creaciones de EEUU y el sistema de deuda perpetua que gestionan.
El actual acuerdo con el FMI fue posibilitado, en parte, por la ausencia de legisladores catamarqueñes a la hora de votar, el año pasado, en contra de la inconstitucional cesión al Ejecutivo del mandato constitucional del Congreso de gestionar la deuda. Sus condiciones, como todos los acuerdos anteriores, buscan asegurar la “apertura”, la “promoción de las exportaciones y del libre comercio” y la “libertad de movimientos para el capital” que exigen el extractivismo y la especulación reinantes. Tornan inviables el cumplimiento de los derechos laborales, previsionales, sociales y ambientales fundantes de una sociedad justa e incluyente y no casualmente, por eso mismo también blancos de la furia libertaria.
Tal como la Asamblea Jachal No se Toca denunció en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI (2020), fueron préstamos del Banco Mundial en los años ’90 que se impusieron para “modernizar” en ese entonces la legislación minera, empoderando la disolución federal y la competencia entre provincias para ofrecer el menor costo impositivo, laboral, social y ambiental a las grandes mineras. Los Acuerdos hoy con el FMI y demás instituciones financieras internacionales, siguen promocionando el mismo camino. ¡Basta!
Señoras y señores legisladores, instamos a rechazar el proyecto de “Adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”. En su defecto, les llamamos a velar por el pleno cumplimiento de la Ley, y a dedicarse a la investigación y anulación de la estafa de la Deuda que, desde hace 50 años, en palabras del Juez Federal que corroboró su fraudulencia, “puso de rodillas al país”. Es hora de avanzar con la Memoria, la Verdad y la Justicia en relación a ese proceso de endeudamiento y su continuidad y consecuencias actuales, para poder defender y promover los glaciares, el agua, nuestros derechos y soberanía y el buen vivir de todes y todo.
¡La Ley de Glaciares No se Toca! ¡La Estafa de la Deuda No se Paga!
- Buenos Aires, 6 de marzo de 2026